Tras una semana de intervención en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), el Gobierno ha dado a conocer una serie de irregularidades que evidencian una red de corrupción interna, presuntamente operada durante los últimos años bajo la administración del Movimiento al Socialismo (MAS) y la gestión del expresidente Luis Arce.
Las autoridades han anunciado que el caso será remitido a la Fiscalía para que los involucrados, tanto funcionarios públicos como particulares, respondan ante la justicia por las irregularidades detectadas.
Según informó el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, durante los primeros ocho días de intervención se identificó un daño económico estimado en 95,5 millones de bolivianos, cifra que podría incrementarse conforme avancen las investigaciones. “Cada hallazgo revela mayor corrupción y perjuicio para el Estado”, señaló.
Entre los casos más destacados figura la planta procesadora de papa, donde se detectó un perjuicio de 41,4 millones de bolivianos. Este monto se relaciona con la presentación de una póliza de caución falsa o adulterada por parte de la empresa adjudicataria, además de pagos por 25,7 millones de bolivianos por maquinaria que nunca ingresó al país, ya que los equipos permanecen retenidos en China. A pesar de estas irregularidades, la estatal realizó desembolsos sin verificar la documentación ni la entrega efectiva del equipamiento.
Otro caso relevante corresponde a la planta piscícola en el lago Titicaca, cuyo proyecto tiene un valor de 47 millones de bolivianos. Allí se evidenció un desbalance significativo entre los pagos efectuados y la ejecución real de la obra: se pagó el 88,62% del presupuesto, pero sólo se completó el 34,68% de la construcción. Además, se adquirió alimento balanceado por un valor de 148.000 bolivianos, el cual está vencido, pese a que la planta no se encuentra operativa. “Resulta inconcebible que se compre alimento para una instalación que no funciona”, advirtió el ministro.
En cuanto a la siembra de maíz en Guarayos y San Borja, se detectaron irregularidades en los contratos que contemplaban la siembra en 1.200 hectáreas, pero solo se sembraron 175, aunque se pagó el servicio completo. La producción esperada era de 2.600 toneladas, pero sólo se recibieron 230 toneladas, lo que implica un daño económico de 3,8 millones de bolivianos. En San Borja, se pagaron 2,6 millones para sembrar 500 hectáreas, sin que se haya producido ninguna siembra. “El dinero simplemente desapareció”, denunció la autoridad.
Asimismo, en Ixiamas y San Buenaventura se identificó un pago irregular de 484.000 bolivianos por el alquiler de maquinaria para preparación de suelos y siembra, servicios que, según denuncias de los productores, nunca fueron prestados a pesar del pago completo.
El ministro Justiniano explicó que Emapa manejó este año un presupuesto de 4.600 millones de bolivianos, pero no ejecutó ni la mitad. No obstante, los desembolsos se realizaron en contratos que no se cumplieron o que fueron ejecutados parcialmente, lo que podría derivar en un daño económico acumulado de gran magnitud. “Los 95,5 millones detectados hasta ahora son solo el inicio”, advirtió, y señaló que la investigación continuará para determinar el alcance total del perjuicio.
Respecto a posibles vínculos con allegados al expresidente Arce, incluyendo señalamientos sobre uno de sus hijos, el ministro aseguró que toda la información será investigada exhaustivamente, pero descartó que la intervención tenga fines políticos. “No permitiremos que se interprete esto como una persecución; aquí lo que hay es un daño económico al Estado”, afirmó.
El Gobierno procederá a presentar denuncias penales contra todos los funcionarios y particulares involucrados en las irregularidades detectadas. Además, se está evaluando el futuro institucional de Emapa, decisión que será tomada por el presidente Rodrigo Paz una vez concluya la auditoría completa.
La intervención continuará en las próximas semanas con la incorporación de más equipos técnicos, y el Ministerio de Desarrollo Productivo elaborará un informe final que detallará la magnitud total del daño económico acumulado en la empresa estatal durante los últimos años
