El gobierno nacional ha hecho un llamado formal a los transportistas bolivianos, a través de su confederación, para abordar un asunto que ha generado preocupación en diversos sectores: la calidad de la gasolina suministrada en el país y las denuncias relacionadas con daños ocasionados a vehículos por este motivo. Este llamado se concreta en una invitación a una reunión programada para el miércoles a las diez de la mañana con el Ministro de Hidrocarburos, encuentro que busca abrir un canal de diálogo directo entre las autoridades y los representantes del transporte.
En este contexto, el dirigente de la Federación de Transportistas de Tarija, Gabriel Pérez Valdez, ha confirmado la convocatoria y señaló que las federaciones departamentales están en proceso de evaluación para definir su participación en esta reunión. La preocupación principal gira en torno a la posibilidad de que el gobierno realice una devolución directa a los transportistas afectados por los gastos en repuestos y reparaciones derivadas del uso de gasolina defectuosa. Sin embargo, los dirigentes han expresado su rechazo a mecanismos burocráticos como la presentación de formularios, seguros y otros requisitos que podrían dilatar la solución y complicar el acceso a compensaciones efectivas.
Los propietarios de vehículos dañados han realizado compras en efectivo para reparar sus movilidades, por lo que exigen que cualquier devolución también sea monetaria y directa. No obstante, reconocen que esta modalidad parece poco probable y temen que se prolongue el problema sin una respuesta concreta por parte del Estado. Esta incertidumbre ha llevado a los transportistas a considerar medidas más contundentes como bloqueos y paros, particularmente en departamentos como Beni y Pando, con posibilidad de que otros se sumen próximamente si no se avanza en una solución.
En el departamento de Tarija, aunque varios transportistas han denunciado daños atribuibles a la mala calidad del combustible, hasta ahora no se ha recibido documentación o pruebas formales que respalden estas afirmaciones. Esta falta de evidencia complica la representación ante el gobierno y pone en duda la asistencia a La Paz para plantear estas demandas. Gabriel Pérez Valdez explicó que uno de los problemas radica en que muchos usuarios no solicitan facturas o recibos al comprar repuestos para evitar incrementar sus costos, lo cual dificulta contar con documentos oficiales para sustentar reclamaciones.
Para superar esta barrera, la Federación ha abierto sus puertas no solo a afiliados sino también a propietarios no vinculados formalmente al sector transporte que puedan aportar pruebas o testimonios sobre vehículos afectados. Este esfuerzo busca consolidar un frente común desde Tarija para exigir respuestas claras y justas por parte del Estado.
Paralelamente, el Comité Cívico de Tarija ha manifestado su interés en sumarse al proceso recibiendo denuncias formales sobre desperfectos causados por la gasolina defectuosa. Su presidente, Jesús Gira, anunció que una vez recopilados reclamos concretos tomarán acciones destinadas a lograr la reparación económica o técnica correspondiente. Con esta iniciativa buscan fortalecer la representación ciudadana e impulsar soluciones efectivas frente al problema que afecta tanto al sector transporte como a usuarios particulares.
En definitiva, el llamado del gobierno nacional busca establecer un espacio para abordar un problema sensible que impacta directamente en el funcionamiento cotidiano del transporte y en la economía familiar de quienes dependen de sus vehículos para trabajar. La calidad del combustible es un factor clave para garantizar seguridad mecánica y minimizar gastos imprevistos; por ello, las conversaciones próximas serán decisivas para definir mecanismos claros y efectivos para resolver las reclamaciones presentadas. Mientras tanto, las organizaciones vinculadas al transporte y la sociedad civil mantienen abierta la posibilidad de medidas contundentes ante la falta de respuestas satisfactorias. Este escenario refleja un momento crítico donde se conjugan demandas legítimas por calidad e integridad del servicio con desafíos administrativos y organizativos para hacerlas valer ante las autoridades nacionales
