El presidente Rodrigo Paz anunció formalmente el inicio del proceso denominado “50-50” durante una reunión de gabinete realizada en Santa Cruz, con la presencia de su equipo de colaboradores. Esta iniciativa, que forma parte de su promesa electoral, busca establecer una redistribución más equitativa de los recursos entre la administración nacional y los gobiernos locales, con el objetivo de profundizar la autonomía regional y promover un desarrollo más eficiente y sostenible a nivel territorial.
En su intervención, el mandatario enfatizó que el “50-50” no debe entenderse como un simple lema político, sino como una decisión estructural fundamental para alcanzar una mayor equidad y eficiencia en la gestión pública. Este planteamiento pretende transformar la manera en que se administran los recursos públicos, enfocándose en mejorar directamente la calidad de vida de la población mediante un fortalecimiento económico desde las propias regiones. La propuesta busca así potenciar las capacidades productivas locales y descentralizar las atribuciones del Estado para que cada región pueda impulsar su desarrollo con mayor autonomía.
No obstante, Paz reconoció que existen resistencias internas a esta apertura de recursos y atribuciones hacia los gobiernos subnacionales. Algunos sectores temen perder control o enfrentar riesgos en la gestión descentralizada. Sin embargo, el presidente aclaró que el proceso implica también una distribución responsable de competencias acompañada por reglas claras y mecanismos de control fiscal. La intención es ordenar al Estado para que funcione mejor en todos sus niveles, promoviendo una gestión compartida donde cada entidad asuma sus responsabilidades con transparencia y eficiencia.
La puesta en marcha del “50-50” comenzó con una fase técnica durante la reunión del gabinete en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se establecieron lineamientos para los ministros y se instruyó la creación de mesas técnicas sectoriales especializadas. Estas mesas tendrán un papel clave en el diseño e implementación del proceso, garantizando que las decisiones sean técnicas y participativas.
Además, el presidente adelantó que se invitará a diversos actores sociales y políticos a sumarse a esta construcción colectiva. Entre ellos figuran sectores productivos, organizaciones sociales, legisladores, gobiernos subnacionales e incluso quienes resulten electos en las próximas elecciones subnacionales programadas para marzo. Este enfoque inclusivo pretende asegurar que todas las propuestas alineadas con los principios del “50-50” sean escuchadas y consideradas sin importar filiaciones políticas. Paz resaltó que esta iniciativa trasciende ideologías partidistas y busca un cambio estructural profundo para el país.
En paralelo al anuncio del “50-50”, el jefe de Estado informó sobre un proceso paralelo destinado a eliminar leyes y decretos considerados innecesarios o contrarios al fortalecimiento de las autonomías regionales. Según explicó, existen normativas vigentes que generan obstáculos para avanzar hacia una mayor descentralización efectiva al concentrar poder en el Estado central. La intención es identificar estas disposiciones legales obsoletas o restrictivas para derogarlas y así abrir paso a nuevas regulaciones más acordes con los objetivos del “50-50”.
Paz insistió en que esta reforma no debe ser utilizada como instrumento político oportunista ni bandera electoral pasajera. Por el contrario, afirmó que se trata de un cambio histórico y definitivo para Bolivia destinado a transformar la estructura estatal y promover un desarrollo equilibrado entre regiones. El mandatario aclaró que este modelo no implica dividir recursos ni fragmentar al país, sino multiplicar soluciones mediante un Estado más eficiente que fortalezca a cada región según sus particularidades y responsabilidades.
En resumen, la presentación formal del proceso “50-50” representa un compromiso explícito del gobierno por avanzar hacia una redistribución equitativa del poder económico y administrativo dentro del país. Esta medida responde a demandas históricas por mayor autonomía regional e intenta superar las limitaciones actuales generadas por centralismos excesivos. La iniciativa busca consolidar un esquema institucional más justo e inclusivo capaz de impulsar el desarrollo local sostenible mientras fortalece la gobernabilidad nacional mediante responsabilidades claras compartidas entre niveles de gobierno. El éxito de este proyecto dependerá en gran medida del diálogo constructivo entre actores políticos, sociales y económicos involucrados así como de la capacidad técnica para implementar reformas legales adecuadas orientadas a potenciar las regiones sin perder cohesión estatal ni control fiscal responsable
