La elaboración de un nuevo padrón electoral, conforme a lo establecido en la Ley 1701, demandará un plazo máximo de 24 meses y un presupuesto que superará los 70 millones de dólares. A esta cifra se suma la inversión necesaria para actualizar la plataforma tecnológica y el software de registro, que asciende a aproximadamente 56 millones de dólares, lo que eleva el costo total a más de 120 millones de dólares, según información proporcionada por el Órgano Electoral.

Esta tarea constituye una directriz para los próximos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes deberán ser designados antes del 19 de diciembre. La obligación está contemplada en la quinta disposición transitoria de la mencionada ley, que establece la construcción de un nuevo padrón como una prioridad para las nuevas autoridades electorales.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó recientemente esta normativa, a pesar de haber señalado anteriormente las limitaciones financieras del país, describiéndolo como un “Estado quebrado” sin recursos suficientes para cubrir incluso gastos básicos como el pago de salarios. Sin embargo, desde el ámbito legislativo se considera urgente y necesario renovar el padrón electoral, debido a la desconfianza que genera el actual registro, utilizado en cinco procesos electorales nacionales desde 2020, y que se prevé emplear en dos elecciones adicionales en 2026.

De acuerdo con el séptimo punto de la quinta disposición transitoria de la Ley 1701, los nuevos vocales del TSE deberán priorizar la elaboración de una nueva lista de votantes en un plazo no mayor a 24 meses desde su posesión. Este mandato cobra relevancia en un contexto donde los jóvenes que cumplirán 18 años antes del 22 de marzo de 2026 deben inscribirse por primera vez en el padrón.

El TSE ha reiterado que la construcción de un nuevo padrón implica una inversión mínima de entre 60 y 70 millones de dólares. En agosto de 2024, el presidente de esta entidad, Óscar Hassenteufel, manifestó que el país no está en condiciones financieras para asumir este gasto actualmente y destacó que el padrón vigente ha sido certificado como confiable por la Organización de Estados Americanos en 2017.

El padrón electoral vigente, basado en un sistema biométrico, fue implementado en 2009 mediante la Ley 4021, que estableció la creación de una lista biométrica para las elecciones de ese año. No obstante, la tecnología utilizada tiene ya 16 años, y desde el Servicio de Registro Cívico (Sereci) se ha advertido sobre la necesidad urgente de renovar los equipos y la plataforma tecnológica, los cuales están cerca de su capacidad máxima.

El director del Sereci, David Dávila, explicó que la plataforma actual puede almacenar alrededor de 15 millones de registros, equivalentes a 150 millones de huellas dactilares, y actualmente contiene cerca de 85 millones, lo que indica que se está alcanzando el límite de almacenamiento. Además, señaló que la actualización del sistema requeriría una inversión estimada en 56 millones de dólares, recursos que no están disponibles en este momento.

El nuevo Tribunal Supremo Electoral enfrentará el desafío de implementar tanto una nueva base de datos como una plataforma biométrica moderna en un plazo de dos años, con la responsabilidad de gestionar los recursos necesarios para estos proyectos.

Desde el ámbito parlamentario, el diputado Carlos Alarcón destacó que la transparencia en los procesos electorales es una inversión fundamental para el país, ya que garantiza la confianza ciudadana en el padrón. Considera que el plazo de 24 meses es adecuado para desarrollar un padrón con tecnologías avanzadas que incrementen la seguridad y posiblemente reduzcan costos.

Por su parte, el legislador Germán Caballero señaló que los recientes procesos electorales evidencian la falta de confiabilidad del padrón actual, que registra más de 7,6 millones de habilitados, cifra que resulta desproporcionada en relación con la población total del país, que supera los 11,3 millones de habitantes. Para él, la renovación del padrón es una demanda social imperativa que debe ser atendida, incluyendo la asignación de los recursos necesarios en el presupuesto general del Estado para 2026.

El artículo 76 de la Ley 018 del Órgano Electoral define al padrón electoral como un sistema biométrico que registra a todas las personas con derecho a voto, incluyendo ciudadanos bolivianos en edad legal y extranjeros habilitados. Además de la información biométrica, el padrón contiene datos personales como nombres, fecha de nacimiento, sexo, nivel educativo, domicilio, tipo y número de documento, nacionalidad, lugar de nacimiento y detalles electorales como zona y recinto de votación