El Decreto Supremo 5509 marca un hito en la apertura del mercado boliviano al internet satelital, autorizando la operación de empresas internacionales como Starlink, OneWeb y Amazon Leo. Esta medida busca mejorar la velocidad y ampliar la cobertura del servicio, especialmente en áreas urbanas y rurales, aunque especialistas advierten que los costos elevados y la falta de una regulación clara podrían limitar su alcance y generar desafíos en la protección de datos y la supervisión de estos servicios.

El presidente del país destacó que esta normativa representa un paso fundamental para reducir la brecha digital y garantizar el acceso universal a la conectividad, sin importar la ubicación geográfica o el nivel socioeconómico de los usuarios. La apertura al mercado satelital con tecnología avanzada permitirá ofrecer un internet más accesible, funcional y constante.

No obstante, expertos en el área tecnológica señalan que, a pesar de las ventajas técnicas, el acceso a estos servicios no será equitativo para toda la población. La investigadora Eliana Quiroz explicó que los satélites de órbita baja, como los que utiliza Starlink, pueden cubrir zonas urbanas, rurales y montañosas, superando las limitaciones de la fibra óptica en ciertas regiones. Sin embargo, el elevado costo mensual, que puede oscilar entre 250 y 400 dólares más el pago inicial del equipo, representa una barrera significativa, sobre todo para las comunidades rurales.

En este contexto, Quiroz sugirió que los principales beneficiarios podrían ser instituciones públicas como municipios, escuelas y centros de salud, siempre que cuenten con respaldo estatal para financiar estos servicios.

Por su parte, Hugo Miranda, especialista en Economía Digital, señaló que muchas familias rurales enfrentan dificultades para costear incluso los servicios de fibra óptica disponibles en sus localidades, debido a limitaciones económicas y al hecho de que los pagos de internet satelital se realizan en dólares. Esto genera un obstáculo adicional, ya que la conversión y el acceso a divisas extranjeras complican la adquisición del servicio.

En cuanto a los costos, el internet satelital residencial estándar de Starlink tiene un precio aproximado de entre 110 y 120 dólares mensuales, con un equipo inicial que ronda los 599 dólares. Existen planes más económicos con velocidades reducidas, mientras que las opciones empresariales pueden superar los 250 dólares al mes. OneWeb se enfoca en clientes corporativos y no ofrece tarifas residenciales públicas, con precios empresariales que podrían superar los 1000 dólares mensuales. Amazon Leo aún no ha divulgado sus precios para usuarios individuales, dado que su despliegue comercial está en proceso.

Un aspecto crítico señalado por los expertos es la ausencia de una regulación clara que defina el marco legal para la operación de estos servicios en el país. No existen normativas específicas sobre el acceso, uso y protección de los datos generados por las comunicaciones satelitales. La infraestructura de internet, considerada crítica, debería estar sujeta a leyes nacionales, pero estas compañías operan bajo jurisdicciones extranjeras, lo que genera incertidumbre sobre la aplicación y el cumplimiento de las normas locales.

Además, la supervisión dependerá de la reglamentación que emita la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la cual debe establecer mecanismos para controlar a estas empresas y garantizar la protección de la privacidad de los usuarios. La falta de una ley de protección de datos vigente añade complejidad a esta tarea, planteando interrogantes sobre la soberanía de la información y la capacidad del Estado para fiscalizar efectivamente estos servicios.

En resumen, la implementación del internet satelital en Bolivia abre nuevas oportunidades para mejorar la conectividad, pero también plantea importantes retos en términos de accesibilidad económica y regulación, aspectos que deberán ser abordados para maximizar los beneficios de esta tecnología en el país