La política de subsidios a los combustibles en Bolivia, vigente desde hace más de dos décadas, ha generado un incremento significativo en el consumo de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (GLP), además de fomentar la expansión desmedida del parque automotor y la ineficiencia energética, según un análisis elaborado por la Fundación “Jubileo”.
Este esquema de subvenciones se instauró en 2004 mediante decretos que establecieron un precio fijo para el barril de petróleo destinado al mercado interno y prohibieron la actualización de los precios de los carburantes conforme a las variaciones del tipo de cambio y los valores internacionales. Como resultado, el litro de gasolina y diésel se mantiene en precios considerablemente bajos para los consumidores, quienes pagan aproximadamente solo el 30% del costo real de importación, mientras que el Estado asume el 70% restante a través de subsidios.
Este sistema, definido como una subvención “ciega”, no discrimina entre quienes realmente necesitan el apoyo estatal y quienes no, ni contempla un límite temporal para su aplicación. Esta situación ha generado resistencia a cualquier intento de ajuste, ya que muchos usuarios consideran que el subsidio debería mantenerse indefinidamente.
El impacto fiscal de esta política es considerable, con un gasto anual que supera los 2.000 millones de dólares en subsidios, lo que se traduce en una salida de divisas cercana a los 3.000 millones de dólares para la economía nacional. Esta situación se agrava debido a la reducción en la producción de hidrocarburos líquidos desde 2015, lo que ha llevado a Bolivia a depender cada vez más de las importaciones para satisfacer la demanda interna de combustibles.
Para revertir esta tendencia, se propone reactivar la inversión en exploración petrolera, eliminar el decreto que fija precios y ajustar la política de subsidios. Además, se sugiere modificar el régimen fiscal relacionado con regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que actualmente desincentiva la inversión en el sector.
El crecimiento acelerado del parque automotor, que se ha quintuplicado en los últimos años, es una consecuencia directa de esta política de subsidios, la cual también ha promovido un uso ineficiente de la energía. La disminución en la producción nacional ha obligado al país a incrementar la importación de combustibles, generando una mayor presión sobre las reservas internacionales.
Asimismo, la caída en la producción de gas natural ha afectado las exportaciones, provocando la pérdida total del mercado argentino y una reducción significativa en la participación en el mercado brasileño. Esta situación ha reducido los ingresos por exportaciones en un 40% desde 2015, afectando las reservas internacionales y provocando una disminución notable en las regalías y el IDH, lo que a su vez impacta negativamente en la economía boliviana


