El Presupuesto General del Estado (PGE) es la única legislación que se aprueba automáticamente si el Parlamento no la discute ni sanciona en un plazo de 60 días. Desde el 1 de noviembre, los diputados de la oposición han señalado que el Gobierno ha incumplido este plazo al no presentar a tiempo el proyecto de ley correspondiente.

El diputado Miguel Roca expresó su preocupación al indicar que, a pesar de haber solicitado el proyecto desde el primer día de noviembre, aún no lo ha recibido. Según su relato, intentó obtener información en la presidencia y le informaron que el documento sería enviado por correo, pero hasta la noche del 18 de noviembre no había recibido nada, lo que considera una violación de la Constitución.

La Constitución Política del Estado establece en su artículo 321 que el Ejecutivo debe enviar el proyecto de presupuesto con 60 días de antelación al cierre de la gestión, permitiendo así que ambas cámaras legislativas tengan tiempo suficiente para su análisis y aprobación.

El artículo 158 de la misma Constitución indica que una vez recibido el proyecto de ley, debe ser considerado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de 60 días. Si no se aprueba dentro de ese periodo, se considera automáticamente aprobado.

Roca rememoró que en diciembre del año anterior, la Cámara de Diputados discutió el presupuesto, en el cual se eliminaron varios artículos que otorgaban al Ejecutivo poderes excesivos, incluyendo la posibilidad de adquirir créditos por 700 millones de dólares sin la autorización de la Asamblea. Posteriormente, el proyecto pasó al Senado, donde se reinstauraron esos artículos controvertidos. Finalmente, el PGE fue llevado a una sesión conjunta de ambas cámaras, pero la reunión se vio interrumpida por disputas internas. Debido a la proximidad de las festividades navideñas, el vicepresidente David Choquehuanca decidió suspender la sesión, lo que resultó en que el PGE 2024 no fuera tratado, y así adquirió fuerza de ley en enero con todos los artículos originales presentados por el Gobierno.

El legislador advirtió que, aunque actualmente puedan eludir la responsabilidad, en un futuro cambio de gobierno podrían enfrentar juicios por violar la Constitución en este asunto, tanto el presidente y el vicepresidente como los ministros involucrados