Bolivia atraviesa un momento institucional crítico, marcado por la controversia en torno a la prolongación de mandatos de magistrados de un órgano constitucional sin el respaldo de un proceso electoral ni un acuerdo parlamentario. La situación ha generado un debate profundo sobre la legitimidad de las decisiones tomadas por estos funcionarios. Desde la perspectiva de diversos analistas, la autoridad de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha quedado en entredicho.
La Fiscalía General del Estado ha planteado que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe ser la instancia que determine el curso de acción respecto a aquellos magistrados que extendieron sus propios periodos. Esta postura subraya la percepción de que la continuidad de sus funciones, basada en una auto-prórroga, carece de fundamento legal. El epicentro de la controversia es la sentencia constitucional 0049-2023, la cual, según críticos, excedió las atribuciones del TCP al interpretar la Constitución de manera que le permitió extender su propio mandato. Esto se percibe como una usurpación de competencias, donde el tribunal asumió un rol casi constituyente secundario, llenando un supuesto vacío judicial al margen de los canales institucionales establecidos.
Las repercusiones de esta prolongación de funciones han sido significativas, manifestándose en la declaración de inconstitucionalidad de diversas leyes, la manipulación de decisiones relativas a elecciones judiciales y una fragmentación del mandato constitucional del sistema judicial. Se ha observado una tendencia por parte del Poder Ejecutivo, particularmente la administración del presidente Arce, a operar con un Tribunal Constitucional que algunos consideran subordinado, en lugar de interactuar con la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Esta dinámica plantea serias dudas sobre la independencia de poderes en el Estado. Cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional actúa de una manera que se asemeja a un brazo político, la autonomía entre los órganos se ve comprometida. El sistema judicial boliviano comprende el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Aunque el TCP es un garante constitucional y no una parte directa del aparato judicial, su actual dirección es señalada por utilizarlo como árbitro político, llegando a suspender facultades legislativas, invalidar el control parlamentario sobre ministros del actual gobierno y moldear la política electoral según sus intereses. La predominancia de cinco magistrados con mandatos extendidos en la sala plena, incluyendo uno que preside el TCP a pesar de la caducidad de su periodo, es vista como una clara evidencia de esta captura institucional al servicio del Ejecutivo.
Un importante bloque político sostiene que el mandato de estos magistrados ha expirado y, por ende, carecen de autoridad legítima. Además, se enfatiza cómo el TCP ha asumido competencias que, por mandato constitucional, corresponden a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tales como la interpelación de ministros, el control electoral y la definición del cronograma y alcance de las elecciones judiciales. Estas acciones son consideradas una usurpación que debilita la Asamblea, somete a la ciudadanía a decisiones sin participación y erosiona la fundamental división de poderes.
Frente al requerimiento de la Fiscalía, la respuesta de la Asamblea Legislativa Plurinacional debería ser, según este mismo bloque político, la devolución de la denuncia a la instancia fiscal para que proceda con la investigación penal ordinaria, la imputación a los magistrados con mandatos prolongados y su eventual sometimiento a un juicio. La ALP tiene la responsabilidad institucional de definir legalmente la salida de estos funcionarios.
Mirando hacia el futuro, se anticipa que una próxima Asamblea Legislativa podría enfrentar debilidades estructurales. Las alianzas políticas que compiten por la Presidencia a menudo carecen de una estructura orgánica de mandato sólida, siendo más bien agrupaciones departamentales unidas sin una línea política unificada. Esto podría generar inestabilidad interna, especialmente durante el primer día de sesiones, crucial para la elección de jefes de bancada y la conformación de las directivas, lo que podría llevar a la pérdida de algunos legisladores insatisfechos con la distribución de cargos.
Para el inicio de una nueva gestión, se consideran imprescindibles al menos tres reformas normativas. La modificación de la Ley de Hidrocarburos es una de las más urgentes. Asimismo, se requiere un cambio fundamental en el modelo económico del país. Finalmente, la liberación de las exportaciones es vital para generar un mayor ingreso de divisas. La situación económica actual genera preocupación, con dificultades como las filas para obtener combustible y la amenaza de escasez de alimentos, recordando episodios pasados de racionamiento. Estas medidas legislativas son percibidas como esenciales para una verdadera reactivación económica, priorizando la generación de divisas para el país
