La reciente presentación y posterior retiro de una propuesta legislativa, que buscaba la remoción de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue interpretada por sectores afines al presidente Luis Arce como una medida exploratoria para sondear la reacción pública. En este contexto, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, planteó a los miembros del ente electoral la necesidad de organizar un nuevo encuentro interinstitucional con el fin de asegurar la realización de los comicios programados para el 19 de octubre.
Desde el Ministerio de Gobierno se enfatizó que este tipo de iniciativas legislativas podrían considerarse como sondeos de opinión. Se lamentó que algunos parlamentarios se hayan distanciado de las demandas populares, priorizando en cambio intereses particulares o de facciones políticas que no se alinean con los principios democráticos, lo que exige una constante vigilancia. La jornada del miércoles estuvo marcada por la reintroducción de la propuesta legislativa denominada Aplicación Gubernativa Local por parte del senador Pedro Benjamín Vargas. Este proyecto, compuesto por un único artículo, aspiraba a la destitución de los miembros del organismo electoral y a la extensión del mandato del gobierno en curso. Sin embargo, tras recibir severas críticas de sus colegas, el senador optó por retirar la iniciativa del pleno y remitirla a la comisión legislativa correspondiente para su análisis.
Se hizo un llamado a la unidad del pueblo boliviano y a la comunidad internacional para denunciar estos intentos de socavar la institucionalidad democrática del país, asegurando que se mantendrá la vigilancia y la denuncia ante tales acciones. El Gobierno había solicitado previamente la conformación de una nueva cumbre interinstitucional, sugiriendo la inclusión de la Fiscalía, con el objetivo de prevenir cualquier intento de aplazamiento o suspensión del proceso electoral.
El vocal del TSE, Gustavo Ávila, señaló que la decisión sobre la participación en dicha cumbre aún no ha sido tomada. No obstante, destacó una productiva reunión reciente con el Ministro de Gobierno y el Comandante General de la Policía, donde se confirmó el despliegue de más de 27.000 efectivos policiales para garantizar la seguridad de la cadena de custodia electoral
