El Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), Roberto Justiniano, ha denunciado la ocupación ilegal de la Planta de Cemento de ECEBOL en Potosí, atribuyendo esta acción a un grupo de extrabajadores cuyos contratos temporales finalizaron el 31 de diciembre. Justiniano calificó este hecho como un ataque al patrimonio estatal y reveló un esquema de malversación de fondos heredado de la administración anterior.

Según explicó, el conflicto surge por el uso indebido de recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO), fondos provenientes del Tesoro General de la Nación destinados exclusivamente a la construcción y equipamiento tecnológico de la planta. La autoridad subrayó que, contrariamente a lo estipulado, se emplearon estos recursos para el pago de salarios operativos, a pesar de que la planta aún estaba en fase de construcción.

El SEDEM identificó irregularidades administrativas significativas durante 2023, destacando que, pese a que el manual de cargos permitía la contratación de un máximo de 15 personas para la etapa de transición, se contrataron 80 trabajadores. Además, se abonaron salarios por la operación de maquinaria que aún no estaba instalada, utilizando fondos de inversión para gastos operativos, práctica prohibida por la normativa vigente.

Justiniano desmintió las acusaciones de despidos masivos presentadas por los movilizados, aclarando que el personal conocía que sus contratos temporales concluían indefectiblemente a finales de diciembre. Recalcó que no se puede sostener un modelo financiero irregular que agote los recursos estatales antes de que la planta comience a producir cemento.

El Gobierno nacional, mediante la colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, SEDEM y ECEBOL, ha manifestado que no cederá ante presiones que busquen mantener prácticas ilegales. Se anunció la presentación de acciones legales contra las exautoridades responsables de las contrataciones irregulares.

El Gerente General enfatizó que la prioridad es operar una planta rentable para la región y no un espacio para empleos políticos, reafirmando el compromiso con el cumplimiento de la ley y la protección del patrimonio estatal. Finalmente, hizo un llamado a los sectores movilizados y a la comunidad a evitar la violencia y no dejarse manipular por quienes desviaron recursos públicos