El reciente gobierno de transición en Perú, encabezado por el legislador de izquierda José Balcázar, ha emitido un comunicado oficial en el que aclara que no se encuentra en sus planes otorgar gracias presidenciales ni indultos durante su gestión, que se extenderá hasta el próximo 28 de julio. Esta declaración surge apenas un día después de que el expresidente Pedro Castillo, quien actualmente cumple una condena por rebelión, presentara formalmente una solicitud para obtener un indulto.

La administración de Balcázar ha sido clara al señalar que dentro de la agenda presidencial no figura ninguna acción relacionada con la concesión de indultos o gracias a personas procesadas o condenadas. Esta precisión tiene como objetivo evitar malentendidos o interpretaciones erróneas sobre el mandato constitucional asumido por el nuevo jefe de Estado, quien fue investido en su cargo tras la destitución del también congresista José Jerí. La transición política peruana atraviesa un momento crucial, marcado por la necesidad de restablecer la estabilidad institucional y garantizar procesos electorales legítimos.

En este contexto, el gobierno transitorio enfatiza que su principal enfoque estará dirigido a asegurar la seguridad nacional, llevar a cabo elecciones libres y transparentes y mantener la estabilidad económica del país. El énfasis en estas prioridades refleja la intención de consolidar un ambiente propicio para la normalización democrática tras un período convulso en la política peruana.

La solicitud de indulto presentada por Pedro Castillo fue gestionada a través de su exministro de Defensa y abogado personal, Walter Ayala. En el documento remitido a la oficina presidencial, se argumenta el pedido bajo el principio humanitario y con base en compromisos previos asumidos por Balcázar antes de asumir formalmente la presidencia. Cabe destacar que Castillo fue electo presidente en 2021 bajo la bandera del partido marxista Perú Libre, al igual que Balcázar, lo que añade una dimensión política importante a esta solicitud.

No obstante, el nuevo gobierno ha desestimado cualquier posibilidad de conceder dicho indulto, subrayando que esta medida no forma parte de sus objetivos ni políticas durante este periodo transitorio. Esta postura adquiere relevancia dado el contexto judicial y político que rodea a Castillo.

El expresidente fue condenado en diciembre pasado a una pena privativa de libertad de más de once años por liderar un intento fallido de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. En aquella ocasión, Castillo emitió un mensaje nacional mediante el cual intentó disolver el Parlamento y tomar control del sistema judicial para gobernar mediante decretos, acción que buscaba evitar una inminente destitución motivada por investigaciones vinculadas a presuntos actos corruptos durante su administración.

Durante todo el proceso judicial, Castillo ha mantenido su defensa alegando persecución política y cuestionando la legalidad de su detención al considerar que aún contaba con inmunidad presidencial en ese momento. Este argumento refleja las tensiones políticas y jurídicas que han marcado los últimos meses en Perú.

En suma, el anuncio del gobierno transitorio liderado por José Balcázar confirma una línea clara respecto a no otorgar indultos ni gracias presidenciales durante su mandato breve pero crucial para la estabilidad democrática del país. Esta decisión impacta directamente sobre las expectativas generadas tras la solicitud presentada por Pedro Castillo y marca una pauta sobre cómo se manejarán los procesos políticos y judiciales pendientes en esta etapa crítica para Perú. La población peruana observa con atención estos movimientos mientras se encaminan hacia nuevas elecciones y buscan consolidar un entorno político más estable y transparente