El ex Ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro energético de Bolivia, alertando que en un plazo no mayor a dos años el país podría enfrentar una crisis eléctrica sin precedentes debido al agotamiento progresivo de las reservas de gas natural. Esta situación, según Ríos, pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico y afecta directamente a la industria nacional y a toda la población boliviana.
Durante una entrevista concedida a la Fundación Jubileo, el ex funcionario reiteró preocupaciones que ya ha manifestado en distintas ocasiones pero que no han sido atendidas con la urgencia necesaria por las autoridades actuales. Su diagnóstico es contundente: el 70% de la electricidad consumida en Bolivia proviene de termoeléctricas que funcionan con gas natural, un recurso cuya disponibilidad ha ido disminuyendo sin que se hayan concretado planes efectivos para su reposición o exploración de nuevas reservas. Esta dependencia energética convierte al país en vulnerable frente a un posible colapso del sistema eléctrico.
Ríos subrayó que para los años 2028 o 2029 será imprescindible importar gas natural para evitar un desabastecimiento crítico, pero advirtió que esta opción tampoco es viable debido a la carencia de infraestructuras adecuadas como gasoductos hacia países vecinos, en particular Argentina. Esta limitación logística agrava aún más el panorama y hace más urgente la necesidad de tomar medidas estructurales.
La preocupación expresada por el ex Ministro va más allá del sector energético y alcanza al conjunto del desarrollo económico nacional. Sin suministro adecuado de gas natural, las industrias bolivianas se verán forzadas a paralizar sus actividades o enfrentar costos crecientes, lo que impactará negativamente en la economía y en el empleo. Además, Ríos advirtió que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal encargada del sector hidrocarburífero, no está en condiciones de afrontar este desafío si continúa operando bajo las condiciones actuales.
Para Ríos, YPFB es una entidad demasiado grande y poco eficiente, con estructuras obsoletas y personal enquistado que proviene incluso del anterior gobierno. La empresa presenta pérdidas significativas en varias de sus unidades operativas y carece de acceso a crédito internacional o asociaciones con capital privado. Esta situación limita su capacidad para invertir en exploración y producción o para modernizar sus operaciones.
Ante este escenario, el ex Ministro insistió en la necesidad imperiosa de una reestructuración profunda de YPFB que incluya una reducción significativa de su tamaño y una apertura hacia capitales privados que puedan aportar recursos y experiencia. Considera indispensable realizar lo que denominó una “cirugía mayor” para devolverle viabilidad financiera y operativa a la empresa estatal.
Asimismo, destacó la urgencia de aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos que contemple estos cambios estructurales y permita afrontar los retos futuros del sector energético boliviano. Según Ríos, esta normativa debería acompañarse de un diagnóstico claro sobre la situación real del sector y dejar atrás visiones idealizadas o falsas expectativas sobre YPFB.
En cuanto a las políticas energéticas actuales, reconoció que eliminar los subsidios al diésel y gasolina fue un paso necesario pero insuficiente para resolver los problemas profundos del sistema energético nacional. Se requieren medidas más integrales e innovadoras para garantizar la seguridad energética del país.
Este llamado a la acción cobra especial relevancia considerando las implicaciones directas para toda la población boliviana. La posible falta de electricidad no solo afectaría el consumo doméstico sino también servicios básicos como hospitales, transporte público e industrias fundamentales para el desarrollo social y económico. En este contexto crítico, Ríos recordó incluso escenarios extremos donde los ciudadanos podrían verse obligados a recurrir a métodos tradicionales como cocinar con leña ante la falta de gas natural.
En suma, las advertencias del ex Ministro Álvaro Ríos revelan un panorama preocupante para Bolivia si no se implementan cambios profundos en su política energética. La combinación del agotamiento acelerado de reservas gasíferas con una estructura empresarial estatal ineficiente requiere respuestas inmediatas para evitar una crisis eléctrica que impactaría gravemente al país entero. Esta situación demanda atención prioritaria por parte del gobierno y todos los actores involucrados en el sector hidrocarburífero para asegurar un futuro energético sostenible y seguro para Bolivia
