En Bolivia, diversas disposiciones legales ya tipifican sanciones penales para quienes bloqueen caminos o vías de transporte, así como para aquellos que porten o utilicen explosivos durante manifestaciones. Entre estas normativas se encuentran varios artículos del Código Penal y el Decreto Supremo 2888, que regulan estas conductas debido a su impacto en la seguridad pública y el orden social.

En este contexto, la Asamblea Legislativa ha priorizado la discusión de una “ley antibloqueos”, destinada a reforzar las medidas contra estas acciones. Sin embargo, esta iniciativa ha generado rechazo por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), que ha declarado estado de emergencia y ha advertido sobre la posibilidad de retomar protestas y medidas de presión frente al Parlamento.

Ante esta situación, el diputado Carlos Alarcón, impulsor del proyecto, propuso que antes de su eventual promulgación la norma sea sometida a un referéndum o consulta popular para que la ciudadanía decida sobre su aprobación. Según Alarcón, no es necesario llegar a situaciones extremas de violencia, las cuales atribuye a grupos minoritarios que no representan a la mayoría de la población.

El Código Penal boliviano contempla en su Título V, dedicado a los delitos contra la seguridad común, varias disposiciones relevantes. El artículo 213 sanciona con reclusión de uno a cuatro años a quien impida o perturbe la seguridad o normalidad del transporte público terrestre, aéreo o acuático. Por su parte, el artículo 211 establece penas similares para quienes utilicen explosivos con la intención de generar peligro común para la vida o bienes ajenos. Además, el artículo 214 penaliza con prisión de uno a seis años a quienes atenten contra el funcionamiento de servicios públicos esenciales, como agua, electricidad o energía, una disposición que ha cobrado relevancia tras recientes ocupaciones de instalaciones estratégicas.

Complementariamente, el Decreto Supremo 2888 prohíbe expresamente el uso y porte de explosivos en manifestaciones públicas, debido al riesgo que representan para la vida y la propiedad, imponiendo sanciones penales en caso de incumplimiento.

En el ámbito gubernamental, el ministro de la Presidencia ha reafirmado el respaldo oficial a la iniciativa legislativa, subrayando la necesidad de no apoyar bloqueos que afectan el orden y la seguridad. En el Senado, la Comisión de Constitución ha programado sesiones para analizar la propuesta que busca endurecer las penas contra quienes bloquean vías públicas.

En la Cámara de Diputados, si bien el proyecto de Alarcón es el más destacado, existen otras iniciativas similares presentadas por diferentes legisladores que también contemplan sanciones para estas conductas. Se trabaja en la posibilidad de unificar estos proyectos en una sola ley que garantice la legalidad y el respeto a los derechos, evitando que el tema derive en un conflicto social mayor.

El tercer secretario de la Directiva Camaral ha enfatizado la importancia de consolidar las propuestas para lograr un marco normativo coherente, que equilibre la protección del orden público con la garantía de los derechos ciudadanos. Esta unificación busca ofrecer una respuesta legislativa efectiva y consensuada frente a las problemáticas generadas por los bloqueos y las protestas que involucran el uso de explosivos