El Ejecutivo y la Cámara de Diputados avanzan en la creación de una comisión legislativa destinada a combatir la impunidad en delitos sexuales, con el propósito de supervisar casos judiciales emblemáticos que no han culminado en sentencia. Este proyecto será presentado formalmente el 29 de enero, en conjunto con la recién nombrada viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jéssica Echeverría, según informó el diputado Manolo Rojas, presidente de la Comisión de Justicia Plural.

La comisión se enfocará en revisar procesos de gran repercusión social, incluyendo denuncias por pederastia contra miembros del clero y expedientes relacionados con el expresidente Evo Morales, que involucran acusaciones de estupro y trata de personas, los cuales fueron abiertos y posteriormente cerrados sin resoluciones definitivas. Rojas aclaró que esta instancia no pretende actuar como un nuevo tribunal ni reabrir procesos judiciales, sino ejercer la función fiscalizadora del Legislativo sobre el sistema judicial.

La coordinación para la conformación de esta comisión comenzó poco después de la posesión de Echeverría, quien destacó la importancia de retomar iniciativas legales pendientes, como la creación de un registro nacional de personas procesadas por delitos sexuales. La viceministra expresó preocupación por la alta impunidad en estos casos, atribuyéndola a redes de corrupción presentes en el Ministerio Público y el Órgano Judicial, con apoyo de la administración anterior.

Datos proporcionados por un estudio de la Fiscalía revelan que únicamente el 5% de los delitos sexuales contra mujeres y niños son denunciados formalmente, mientras que entre 2024 y 2025 se registraron más de 11.000 denuncias de violencia sexual, lo que evidencia una significativa cifra negra y un preocupante nivel de impunidad.

Entre los casos que motivan la creación de esta comisión, se encuentra la situación de sacerdotes acusados de delitos sexuales, como el caso de un religioso denunciado por violación en Cochabamba que reside actualmente en Uruguay, sin que se haya logrado su extradición debido a deficiencias legales. También se revisarán los procesos contra el expresidente Morales en diferentes regiones, donde existen indicios documentales y pruebas que apuntan a posibles complicidades de funcionarios públicos y legisladores, pero que no fueron debidamente investigados y fueron cerrados durante la gestión del fiscal general Juan Lanchipa.

Para brindar apoyo a las víctimas sin recursos, la comisión retomará un sistema de abogados voluntarios que operaba en el antiguo Ministerio de Justicia, con la intención de conformar equipos jurídicos en todo el país mediante una convocatoria nacional. Además, se contempla la participación de funcionarios del Órgano Judicial con experiencia técnica para asesorar el trabajo legislativo.

El diputado Rojas resaltó la experiencia y compromiso de la viceministra Echeverría en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niños, destacando su trayectoria en el activismo y el ámbito jurídico. Durante su posesión, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, enfatizó la importancia de contar con autoridades técnicas y comprometidas, subrayando que el gobierno actual busca resultados concretos, alejados de cuotas partidarias o protecciones políticas.

Aunque la designación de la viceministra generó debate en redes sociales debido a sus vínculos con diferentes sectores políticos, la creación de esta comisión representa un esfuerzo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo para enfrentar la impunidad estructural en delitos sexuales, reabrir casos que permanecen sin resolución y ejercer presión institucional para garantizar que estos hechos no queden en el olvido judicial