La escena política reciente fue marcada por la presentación y subsiguiente retiro de una propuesta legislativa que buscaba la destitución de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta iniciativa fue rápidamente interpretada por círculos cercanos al oficialismo como una maniobra de sondeo para medir la reacción pública.

El Ejecutivo, a través de sus representantes, había extendido una invitación a los miembros del TSE para articular una nueva cumbre que garantice la celebración de los comicios programados para el 19 de octubre. Desde el ámbito gubernamental se advirtió que ciertos legisladores parecen haberse distanciado de las demandas populares, respondiendo más bien a intereses personales o a agendas políticas que no se alinean con los principios democráticos, por lo que se hizo un llamado a la vigilancia ciudadana.

El miércoles por la tarde, el ambiente político se vio agitado por el anuncio del senador Pedro Benjamín Vargas, quien reintrodujo su proyecto de ley denominado “Aplicación Gubernativa Local”. Esta propuesta, contenida en un único artículo, tenía como objetivo central la remoción de la cúpula del organismo electoral y la extensión del mandato del actual Gobierno. Sin embargo, tras recibir fuertes críticas de sus pares, el senador optó por retirar el proyecto del pleno legislativo y derivarlo a la comisión correspondiente para su análisis.

El Gobierno enfatizó la necesidad de una cohesión nacional para salvaguardar la institucionalidad democrática, advirtiendo sobre posibles intentos de desestabilización y la importancia de alertar a la comunidad internacional ante tales escenarios. Se subrayó la determinación de mantener una postura vigilante y denunciar cualquier acción que procure socavar el orden democrático.

Previamente, el Ejecutivo había solicitado la organización de una nueva cumbre interinstitucional, esta vez con la inclusión de la Fiscalía, con el propósito de prevenir cualquier intento de postergar o suspender las elecciones.

En relación con esta propuesta de una ampliación de la cumbre, el Tribunal Supremo Electoral indicó que aún no se ha tomado una determinación definitiva. No obstante, se confirmó una reciente y productiva reunión con autoridades del Ministerio de Gobierno y la Comandancia General de la Policía, donde se detalló que un contingente de más de 27.000 efectivos policiales será desplegado para asegurar la cadena de custodia durante los comicios