A pocas semanas de la finalización de su mandato, el Gobierno ha reafirmado su política de subvención a los combustibles, con el objetivo primordial de evitar repercusiones económicas negativas, especialmente en los segmentos más vulnerables de la sociedad.
La administración actual ha enfatizado que, a pesar de las complejidades surgidas por la escasez de divisas necesarias para la importación de carburantes, se ha optado por preservar esta subvención. Esta decisión busca proteger a la población, en particular al sector transporte y a los diversos eslabones de la cadena productiva, de un incremento en los costos.
No obstante, la administración entrante, encabezada por Rodrígo Paz, ya ha señalado la necesidad de revisar esta política en el contexto de la actual crisis y la limitada disponibilidad de dólares.
Se ha aclarado que la dificultad en el abastecimiento de combustibles no radica en la disponibilidad de moneda local, sino en la insuficiencia de dólares estadounidenses, indispensables para las adquisiciones en el mercado internacional. La problemática, por tanto, se centra en la liquidez de una divisa extranjera, no en la moneda nacional.
Las autoridades han reconocido que el suministro de combustibles ha representado uno de los mayores desafíos en los últimos meses. Sin embargo, han asegurado que el Ejecutivo continúa buscando soluciones activamente. Un equipo de trabajo opera de manera permanente, evaluando alternativas, gestionando el flujo de dólares y buscando fuentes de ingreso que permitan la compra de combustible.
Asimismo, se ha reiterado el compromiso de la actual gestión de continuar estas labores hasta el último día del mandato presidencial, que concluye el 7 de noviembre. El propósito es normalizar el abastecimiento de combustible durante este período.
Finalmente, se ha subrayado que el Gobierno seguirá priorizando medidas destinadas a salvaguardar el poder adquisitivo de la población. La eliminación de la subvención, se ha advertido, tendría un impacto considerable en todos los sectores y provocaría un aumento sustancial en el costo de vida, afectando de manera desproporcionada a los ciudadanos con menores ingresos
