Con las elecciones generales programadas para el 17 de agosto, el gobierno ha intensificado notablemente su estrategia diplomática, buscando alertar a la comunidad internacional sobre lo que percibe como riesgos para su estabilidad democrática. En un período de apenas una semana, el Presidente Luis Arce llevó este mensaje a la Cumbre semestral del Mercosur en Buenos Aires, mientras que la canciller Celinda Sosa lo hizo ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ante la asamblea regional, el Presidente Arce afirmó que la nación ha sido víctima de intereses sectarios y anticonstitucionales, lo que ha derivado en consecuencias económicas y lamentables pérdidas de vidas. Atribuyó los recientes bloqueos, que resultaron en el fallecimiento de cuatro agentes policiales y un civil, a una concepción política que, según él, no se alinea con los principios revolucionarios ni de izquierda con los que se identifica su administración. Esta ofensiva internacional del Ejecutivo se produce en un contexto interno complejo, marcado por una fractura dentro del partido gobernante, la inhabilitación de un prominente exlíder como candidato presidencial, y la violencia registrada en regiones como Llallagua y el trópico de Cochabamba. Frente a este panorama, el gobierno ha solicitado formalmente a la OEA, la Unión Europea y otros organismos multilaterales el despliegue de misiones de observación para garantizar unas elecciones transparentes, pacíficas y libres.
Este acercamiento actual a la OEA contrasta notablemente con las declaraciones previas del Presidente. En el pasado, había criticado abiertamente a la organización, atribuyéndole un papel absolutamente nefasto en los sucesos de 2019. Cuestionó específicamente el informe preliminar de la OEA de aquel entonces, argumentando que, a pesar de no ser una auditoría ni tener carácter vinculante, actuó como el detonante de la crisis, y demandó responsabilidades por ello. Además, había sostenido que la OEA había erosionado la institucionalidad nacional, defendiendo otras instancias de integración regional como alternativas legítimas y libres de injerencias, al considerar que la OEA ya no respondía a los desafíos de América Latina.
La paradoja se acentúa al revisar los acontecimientos de 2019. Fue la propia misión de observación de la OEA la que detectó una manipulación dolosa en la transmisión de resultados del proceso electoral de octubre de ese año. Estas irregularidades condujeron a la anulación de los comicios. Posteriormente, sin embargo, desde el partido gobernante se construyó un relato de golpe de Estado para justificar la dimisión del entonces presidente y las acciones judiciales contra exautoridades transitorias.
Ante la OEA, la canciller Sosa fue enfática al solicitar que se garantice la realización de elecciones libres y pacíficas, y denunció las amenazas a la democracia como un asunto que exige atención internacional urgente. Por su parte, el vicecanciller Elmer Catarina describió los sucesos de junio como crímenes planificados con extrema violencia y anunció la intención de iniciar una querella internacional contra el exmandatario
