El diputado José Luis Porcel ha manifestado su preocupación ante la reciente medida del Ministerio de Economía y Finanzas que limita el uso del presupuesto por parte de las entidades subnacionales al 20%. Según su análisis, esta disposición refleja la gravedad de la crisis económica que atraviesa el país y podría profundizar aún más la paralización de la actividad económica.
Porcel calificó la medida como arbitraria y señaló que el gobierno estaría, en efecto, tomando prestados recursos de gobernaciones y alcaldías para cubrir sus propias necesidades financieras. Explicó que el Tesoro General de la Nación será el encargado de asignar los recursos para este desembolso parcial, el cual, según declaraciones oficiales, se aplicará únicamente durante los primeros meses del año.
El parlamentario advirtió que esta restricción podría generar serios obstáculos para las entidades territoriales autónomas a la hora de firmar contratos y ejecutar proyectos. Ante la limitación, las instituciones podrían verse obligadas a realizar contratos de corta duración o fragmentar las compras, lo que no solo es ineficiente, sino que también podría abrir la puerta a prácticas irregulares, ya que el fraccionamiento de obras está tipificado como delito.
Además, Porcel señaló que el 20% del presupuesto apenas alcanza para anticipos en obras, lo que dificulta la garantía de contratos a largo plazo y proyectos de mayor envergadura. Considera que el gobierno no ha evaluado adecuadamente las implicaciones de esta medida, y anticipa que generará un amplio debate tanto en las regiones como en diferentes instancias políticas.
El diputado fue convocado a una reunión en La Paz para contribuir en la elaboración del plan de gobierno 2025-2030, donde se espera que este tema y las críticas surgidas sean abordadas. Porcel enfatizó que esta decisión podría agravar el manejo de los recursos públicos, ya que las empresas se mostrarán reacias a aceptar contratos fraccionados debido a la necesidad de presentar garantías y renovarlas constantemente, lo cual representa una carga administrativa y financiera adicional.
Finalmente, el legislador advirtió que esta restricción podría paralizar aún más la economía nacional, dado que gran parte de la actividad económica depende del movimiento generado por las gobernaciones, alcaldías y universidades estatales. En este contexto, recordó que el país sigue operando con el presupuesto heredado del gobierno anterior y criticó que la política económica actual parece centrarse exclusivamente en el eje central, dejando de lado a otras regiones con menor fortaleza económica, lo que representa un retorno al centralismo
