Después de una semana marcada por la tensión social y la incertidumbre sobre un posible rompimiento del acuerdo, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5516 con el propósito de aliviar el malestar generado tras la implementación del Decreto 5503. Esta nueva normativa mantiene el enfoque central de la política económica orientada a la estabilización fiscal, la regulación del mercado de combustibles y la corrección de desequilibrios estructurales heredados de administraciones anteriores.

El decreto entró en vigor tras un proceso de diálogo y consenso con la Central Obrera Boliviana (COB), que respaldó su contenido. Según el secretario ejecutivo de la organización, el acuerdo fue producto de la participación activa de diversos sectores, consolidando un entendimiento basado en la negociación.

En términos formales, el Decreto 5516 deroga la normativa previa, pero conserva sus principios económicos fundamentales, incorporando además un conjunto ampliado de medidas sociales y redistributivas destinadas a proteger a los grupos más vulnerables de la población.

El documento parte de un diagnóstico crítico que señala una crisis económica, financiera y social de carácter estructural, caracterizada por un desabastecimiento histórico de combustibles, un sistema de subsidios insostenible y presiones inflacionarias significativas en los costos logísticos y productivos.

En este contexto, el Ejecutivo reafirmó la necesidad de estabilizar los precios de los derivados del petróleo para recuperar la previsibilidad, disminuir el contrabando y asegurar la sostenibilidad fiscal del Estado. El decreto establece un esquema de estabilización de precios para los principales combustibles, basado en una metodología de ajuste detallada en su reglamento.

Los precios fijados para los combustibles son los siguientes: Gasolina Premium a Bs 11,00 por litro; Jet Fuel a Bs 10,74; Gasolina de Aviación a Bs 10,57; Diésel Oil a Bs 9,80; Gasolina Especial a Bs 6,96; Gas Oil a Bs 5,69; y Kerosene a Bs 5,64 por litro. En cuanto al Gas Licuado de Petróleo (GLP), su precio se mantiene en Bs 22,25.

Una diferencia sustancial entre el nuevo decreto y el anterior radica en el fortalecimiento del componente social. Se amplía la política redistributiva mediante un paquete de transferencias monetarias directas. Entre las medidas destacadas figura el aumento del Bono Juancito Pinto, que pasará de Bs 200 a Bs 300 a partir de 2026, como incentivo para la permanencia escolar. Asimismo, la Renta Dignidad para adultos mayores no jubilados se incrementa en Bs 150, buscando mitigar el impacto del ajuste de precios en los ingresos fijos.

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) se mantiene vigente, ofreciendo transferencias monetarias temporales a familias en situación de vulnerabilidad. Este programa contempla pagos mensuales de Bs 150, con topes anuales diferenciados según el grupo beneficiario, incluyendo madres receptoras del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y familias con estudiantes en el sistema fiscal. El financiamiento del PEPE proviene del Tesoro General de la Nación y de fuentes externas, con la ejecución a cargo de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo bajo un régimen de contratación directa y control posterior.

Adicionalmente, se anunció un aumento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300, lo que representa un incremento del 20% respecto a 2025, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Esta medida busca proteger el poder adquisitivo en un contexto de ajuste de precios relativos.

En cuanto a las reacciones, el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba valoró positivamente el decreto, destacando que se descartó la eliminación de subsidios a los combustibles, una medida que consideraba perjudicial para el país. Resaltó también la continuidad de los bonos sociales, lo que contribuye a mitigar el impacto en los sectores más vulnerables. Sin embargo, expresó ciertas reservas sobre la sostenibilidad económica de estas decisiones, aunque reconoció que un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un financiamiento de 4.500 millones de dólares podría contribuir a inyectar liquidez en la economía a través de municipios, gobernaciones, universidades y proyectos diversos.

Por su parte, un economista del Centro de Estudios Populi señaló que el nuevo decreto mantiene los pilares de la política de estabilización, pero omite reformas estructurales importantes, especialmente aquellas relacionadas con la atracción de inversiones y cambios en el sistema tributario. Destacó que la ausencia de medidas como reformas arancelarias y tributarias podría limitar la mejora del clima de inversión. Asimismo, cuestionó el aumento del salario mínimo en un 21%, argumentando que, aunque busca compensar la inflación proyectada para 2025, no todos los sectores económicos comparten la misma realidad, mencionando el caso de la construcción, que ha experimentado una fuerte contracción