El Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado oficial en respuesta a las declaraciones realizadas por la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, en torno al denominado 50/50, un tema que ha generado considerable debate y atención pública. En el pronunciamiento, se reconoce que la viceministra incurrió en un error de comunicación que no representa la postura política ni institucional del Gobierno Nacional, buscando así aclarar cualquier malentendido que pudiera derivarse de sus palabras.
La aclaración oficial subraya que, como parte del Gobierno, se valora la franqueza con la que la autoridad admitió su equivocación y reafirmó públicamente el compromiso con un modelo autonómico fundamentado en el respeto hacia las regiones. Este modelo se basa en principios de diálogo horizontal y corresponsabilidad entre el Estado central, las entidades territoriales autónomas y la ciudadanía. De esta manera, el Ejecutivo busca enfatizar su voluntad de avanzar hacia una autonomía equilibrada que permita fortalecer los vínculos y responsabilidades compartidas entre los distintos niveles de gobierno.
En ese contexto, el comunicado también detalla las funciones específicas del Viceministerio de Autonomías, destacando que su rol es eminentemente de coordinación institucional y no implica ejercer control político sobre las regiones. Se subraya que la función principal de esta instancia es promover la coherencia normativa y facilitar el funcionamiento del régimen autonómico dentro del marco constitucional y legal vigente. Esta aclaración responde a ciertas interpretaciones erróneas que podrían haber surgido a partir de las expresiones iniciales de Barrientos.
Además, el Gobierno reafirma su decisión de continuar trabajando conjuntamente con actores sociales e instancias municipales y departamentales para consolidar el 50/50 como una política pública que impulse efectivamente a las regiones. Este esquema busca garantizar una distribución equitativa y responsable de recursos y competencias entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.
En su pronunciamiento, el Ejecutivo sostiene una postura firme y coherente respecto a la autonomía. Se plantea una visión que promueve la profundización de la descentralización administrativa y política, con el propósito de fortalecer las capacidades regionales. Asimismo, se proyecta avanzar progresivamente hacia mayores niveles de autogobierno dentro del marco de un pacto nacional orientado a garantizar equilibrio, desarrollo y unidad para el país.
El origen del malentendido se encuentra en una entrevista concedida por Andrea Barrientos al medio EL DEBER, donde fue consultada sobre el significado del 50/50. En esa ocasión, expresó que no se trata simplemente de entregar un 50% de los recursos para que las regiones asuman responsabilidades por sí solas; más bien, señaló que debe funcionar bajo un esquema basado en corresponsabilidad entre los distintos actores. Esta afirmación fue interpretada por algunos sectores como una manifestación contraria al espíritu autonómico.
Entre quienes cuestionaron estas declaraciones se encuentra el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien consideró que el contenido y tono utilizados evocaban lo peor del burocratismo centralista. Sus críticas reflejan la sensibilidad existente en torno al tema del reparto equitativo de recursos y competencias entre niveles gubernamentales.
Frente a esta situación, un día después Barrientos reconoció públicamente haber cometido un error comunicacional que resultó ofensivo para quienes defienden el espíritu autonómico en Bolivia. Reiteró su compromiso con un modelo realista del 50/50 que implica no solo distribución financiera sino también responsabilidad compartida dentro de reformas fiscales y legales necesarias para su implementación efectiva.
Este episodio pone en evidencia la complejidad política e institucional inherente al proceso autonómico en Bolivia. La reacción rápida del Gobierno para aclarar su posición refleja la importancia estratégica que tiene para las autoridades nacionales mantener una relación constructiva con los gobiernos regionales. Asimismo, muestra cómo temas sensibles como la distribución presupuestaria requieren una comunicación cuidadosa para evitar malentendidos o percepciones negativas entre los actores involucrados.
En definitiva, este caso destaca tanto los desafíos comunicacionales internos dentro del Ejecutivo como las tensiones existentes en torno a la implementación práctica del régimen autonómico. El compromiso oficial con avanzar hacia una autonomía fortalecida basada en diálogo y corresponsabilidad será clave para lograr un equilibrio eficaz entre descentralización administrativa y unidad nacional. La consolidación del 50/50 como política pública representa un paso fundamental para alcanzar dichos objetivos en beneficio directo de las regiones y sus poblaciones
