El gobernador de La Paz, Santos Quispe, propuso una solución drástica para los recurrentes problemas de inundación en Tipuani: el traslado de su población. Según sus declaraciones, las constantes crecidas del río son un ciclo anual inevitable, exacerbado por las actividades de remoción de tierra de dos empresas chinas, lo que sugiere que la reubicación es la única medida definitiva.

Esta sugerencia surgió a raíz de un reciente desastre. El miércoles, un día después de que varias pozas de sedimentación, descritas como mal construidas, colapsaran tras tres días de intensas lluvias. Millones de litros de agua contaminada se precipitaron por el río Tipuani, irrumpiendo en la capital del municipio y provocando una inundación masiva.

Entre las más de 420 familias afectadas, que ocupan alrededor de 250 viviendas en la zona baja de Tipuani, se encuentra Lidia Choque, una mujer de la tercera edad. Ella relató que esta es la tercera vez que pierde todas sus pertenencias, con su hogar sumergido bajo una mezcla estancada de aguas servidas y amarillentas, producto de la combinación de copajira (agua de mina) y el colapso del sistema de alcantarillado.

Tipuani, con una población de 7.640 habitantes, tiene raíces históricas que se remontan a antes de la República de Bolivia, aunque su fundación como municipio data de 1986, formando parte de la provincia Larecaja en el departamento de La Paz. A pesar de que gran parte de su territorio se caracteriza por ser una selva húmeda montañosa con colinas cubiertas de vegetación y tres pisos ecológicos, su economía ha dependido históricamente de la explotación aurífera.

A lo largo de sus siglos de existencia, la localidad ha enfrentado diversos embates naturales. En cuanto a las inundaciones, la más reciente se prolongó por seis meses, desde diciembre del año anterior hasta junio pasado. Lidia Choque recordó cómo su primera vivienda, construida de adobe en su adolescencia, fue destruida por un evento similar. Su segunda casa, edificada con cemento y ladrillo, también sucumbió hace una década, al igual que las de decenas de otros residentes. Con la reciente riada, Lidia lamenta que su hogar actual, al que apenas había regresado y que ya mostraba grietas por la inundación anterior, probablemente sea irrecuperable.

Lidia Choque criticó enérgicamente la propuesta del gobernador, cuestionando por qué los residentes deberían abandonar sus hogares en lugar de exigir responsabilidades a las empresas chinas, las cooperativas mineras y los ministerios para que cumplan la ley. Argumentó que una persona que no ha experimentado el esfuerzo de construir una vida y asegurar un hogar para su familia no comprendería la dificultad de abandonar un terreno y una vivienda.

Explicó que, si bien su familia y la mayoría de los vecinos dependen de la minería aurífera, carecen de los recursos económicos para reubicarse, construir una nueva casa y urbanizar otro cerro de un momento a otro. Sostuvo que, si la reubicación es la sugerencia de una autoridad, el gobierno debería planificar y compensar todos los perjuicios. Desde su perspectiva, la falta de control estatal sobre las cooperativas ha propiciado un aumento de la deforestación industrial y una alteración en el cauce del río.

La situación de Tipuani ha sido objeto de advertencias previas. En enero de este año, en las oficinas de la Defensoría del Pueblo de La Paz, el alcalde de Tipuani, Fernando Vera, junto con su equipo técnico y legal, alertó que el municipio podría desaparecer en tres años si la explotación aurífera descontrolada persistía, afectando también a las poblaciones de Guanay y Teoponte. Si bien este último evento confirma la gravedad de aquellas advertencias, también sugiere que la minería ilegal y descontrolada podría acelerar la destrucción de estas poblaciones en un plazo aún menor.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, coincidió con las preocupaciones de los residentes, señalando al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al Ministerio de Minería y a funcionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por su inacción. Los instó a tomar medidas urgentes contra lo que calificó como una bomba de tiempo que amenaza a Tipuani y a todos los municipios del sector.

Tras la inundación del martes, Calvimontes destacó tres puntos cruciales. Primero, afirmó que la causa principal del desastre es innegablemente la actividad minera en la zona. Segundo, observó que el municipio no había emitido, hasta ese momento, ninguna declaratoria de emergencia. Finalmente, lanzó una exhortación directa al alcalde: Tiene que definirse si actuará como alcalde municipal o como cooperativista minero, de lo contrario, su municipio tiende a desaparecer.

La advertencia al alcalde Vera no es infundada. La presidenta del Concejo Municipal de Tipuani, Ángela Alejandro, lo ha señalado por el incumplimiento de numerosas tareas de control a las cooperativas y por presuntos actos de corrupción en el manejo de recursos, incluyendo los destinados a la ayuda para los damnificados. Las denuncias contra el alcalde, que incluyen permitir la destrucción de un vivero municipal y una unidad educativa por parte de cooperativistas para la explotación de oro, han sido presentadas ante la Fiscalía.

A pesar de los repetidos intentos de contactar al alcalde Vera para obtener comentarios o datos oficiales, incluyendo el número de damnificados, no se ha recibido respuesta desde enero de este año.

Así como el alcalde es cuestionado por autoridades y pobladores por un presunto doble discurso, funcionarios de otras instituciones también comparten responsabilidad. En enero, durante una reunión organizada por la Defensoría del Pueblo, a exigencia de las familias afectadas por la inundación que comenzó el