Los trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), con el respaldo de la Central Obrera Departamental, llevaron a cabo una movilización en las inmediaciones de la gobernación de Tarija durante la mañana de este martes. Su demanda principal se centra en la implementación de la resolución 004/2025, que establece el reestablecimiento de la entidad.
Según lo expresado por un representante de Sedeca, la administración departamental no ha procedido con la restitución de las cinco residencias que anteriormente eran gestionadas por la Dirección de Administración Vial (DAV), ni ha transferido los bienes materiales correspondientes, a pesar de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El portavoz enfatizó que, hasta la fecha, ninguna de las propiedades ha sido devuelta. Se ha intentado, mediante el envío de tres comunicaciones, obtener una audiencia pública con la autoridad departamental para exponer la situación ante la ciudadanía.
Ante lo que consideran una desatención a la determinación judicial, se ha iniciado una acción legal contra el gobernador Oscar Montes por el presunto delito de omisión de responsabilidades, denuncia que ya ha sido admitida por el Ministerio Público.
Un documento interno, emitido el 25 de junio por el entonces director de la ex Dirección de Administración Vial, notificaba la reincorporación del personal a Sedeca en las residencias asignadas. Sin embargo, estas instalaciones permanecen inaccesibles, impidiendo el ingreso de los trabajadores.
La organización lamentó que, a casi tres meses de la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, la gobernación no haya facilitado la entrega de los activos fijos, y, por el contrario, se hayan registrado prácticas de amedrentamiento y presiones indebidas hacia el personal. Adicionalmente, se denunció la suspensión de la entrega de las cuotas sindicales voluntarias desde el mes de mayo, fondos que, según se indicó, son deducidos directamente de los salarios y están aprobados por ley.
Esta reciente acción legal eleva a dos los procesos en curso contra la máxima autoridad departamental. Los trabajadores mantienen una postura de alerta permanente hasta que se concrete la entrega total de los bienes materiales, las residencias y las herramientas de trabajo, tal como lo estipula la resolución. Asimismo, se señaló que durante la gestión de la Dirección de Administración Vial se registró un desembolso que superó los 25 millones de bolivianos
