El gobernador de La Paz, Santos Quispe, quien busca la reelección, expresó su rechazo a la posible aprobación de una ley que imponga sanciones a quienes realicen bloqueos en el país. Según Quispe, estas medidas de protesta son un derecho constitucional de las comunidades y la implementación de dicha normativa podría desencadenar nuevos conflictos sociales.
Quispe advirtió que la población más vulnerable, que recurre a bloqueos como forma de manifestación, no permitirá que se sancione esta práctica. En sus declaraciones, señaló que si la Cámara de Diputados aprueba penalizaciones contra los bloqueos, se generarán movilizaciones y protestas que afectarán la estabilidad social. Además, hizo un llamado a los legisladores para que reconsideren la iniciativa, argumentando que la experiencia reciente de paros y bloqueos provocó dificultades para la ciudadanía, incluyendo la escasez de combustible y alimentos.
El gobernador paceño también informó sobre su participación en las próximas elecciones, presentando una lista de 87 candidatos para diferentes cargos en las 20 provincias del departamento bajo la agrupación Unidos por el Cambio. Luis Eduardo Chichi Salinas será el aspirante a la alcaldía de la ciudad de La Paz por esta alianza.
En el contexto de las protestas, el expresidente Evo Morales respaldó las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), calificándolas como una expresión renovada de los movimientos sociales y criticando las medidas económicas del actual gobierno.
Paralelamente, se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes utilicen dinamita o causen daños económicos mediante bloqueos. Esta propuesta ha sido impulsada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Manolo Rojas, manifestó su intención de sancionar duramente a quienes afecten la economía y la seguridad pública durante las protestas.
La diputada Claudia Bilbao también se refirió a la existencia de tres iniciativas legislativas en análisis para regular las manifestaciones que implican bloqueos, destacando la necesidad de equilibrar el derecho a protestar con la protección de los derechos de terceros. Bilbao señaló que los ciudadanos de La Paz han sido especialmente perjudicados por bloqueos y daños a la infraestructura, por lo que se busca una solución que respete la democracia y evite afectaciones a la comunidad.
En resumen, el debate sobre la regulación de los bloqueos en Bolivia genera opiniones divididas entre quienes defienden estas acciones como un derecho constitucional y quienes abogan por medidas legales más estrictas para evitar perjuicios sociales y económicos
