La Gobernación de Tarija enfrenta una delicada situación financiera que ha obligado a la administración central a registrar un déficit mensual significativo, estimado en al menos tres millones de bolivianos, destinado a cubrir sueldos y salarios tanto en la Gobernación como en sus unidades descentralizadas. Esta problemática económica ha derivado en la decisión de paralizar las licitaciones para programas y proyectos sociales durante el presente año, una medida que refleja la reducción considerable de los ingresos departamentales, principalmente afectados por la disminución en las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

La caída en los recursos económicos alcanzó niveles alarmantes durante la gestión pasada, con reducciones que llegaron hasta el 30%, lo que ha generado un impacto directo en la capacidad financiera para mantener y ejecutar iniciativas sociales fundamentales. Ante esta realidad, las autoridades departamentales han optado por suspender temporalmente la apertura de nuevas licitaciones, con el propósito de evitar comprometer recursos que actualmente no están disponibles y dejar en manos del próximo gobierno departamental la decisión sobre la continuidad o eventual cierre de estos programas.

El gobernador Oscar Montes ha explicado que esta situación afecta directamente a programas esenciales como el Programa Solidario Comunal (Prosol), las canastas alimentarias destinadas a personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como a proyectos concurrentes con los municipios que se financian mediante la transferencia del 1% de regalías. La insuficiencia presupuestaria se refleja también en el desfasaje entre el techo presupuestario fijado por el Gobierno central para 2025 —que fue establecido en 373 millones de bolivianos por concepto de regalías petroleras— y la cantidad realmente transferida, que ascendió únicamente a 254 millones. Esta diferencia sustancial ha generado una presión considerable sobre las finanzas departamentales.

El impacto financiero no se limita solo a los programas sociales, sino que también compromete el pago puntual de salarios y los gastos operativos necesarios para el funcionamiento adecuado de la administración central. Actualmente, se estima que se requiere un presupuesto mensual superior a ocho millones de bolivianos para cubrir tanto los gastos administrativos como los salarios del personal de la Gobernación, la Asamblea Legislativa Departamental y sus unidades descentralizadas. Sin embargo, debido al déficit acumulado, existe una deuda pendiente por sueldos impagos que ronda los tres millones de bolivianos.

El secretario de Economía y Finanzas Públicas del departamento, Erick Montaño, detalló que durante el mes anterior los desembolsos provenientes de regalías sumaron 17.5 millones de bolivianos. De estos recursos, una parte considerable —9.5 millones— fue destinada al pago de obligaciones relacionadas con créditos y fideicomisos; otros 3.5 millones se aplicaron a compromisos pendientes correspondientes a proyectos ejecutados en años anteriores; mientras que el saldo restante cubrió gastos operativos. Esta distribución evidencia las limitaciones financieras actuales y explica por qué resulta inviable emprender nuevas iniciativas sociales sin comprometer aún más las finanzas públicas.

Ante este panorama complejo y preocupante, desde la Gobernación han planteado al Gobierno nacional varias propuestas para intentar aliviar esta crisis fiscal. Entre ellas se destacan la solicitud para reprogramar créditos y fideicomisos cuya suma conjunta supera los 500 millones de bolivianos; también se propone considerar la anulación de al menos 90 leyes departamentales vigentes; además, se enfatiza la necesidad prioritaria de impulsar la venta internacional del gas natural como mecanismo para incrementar ingresos destinados no solo a gobernaciones sino también a municipios y universidades.

Paralelamente a estas gestiones económicas, las instituciones cívicas del departamento han elevado su voz exigiendo al Gobierno nacional liderado por Rodrigo Paz que cumpla con la agenda regional pactada durante el periodo electoral previo a las elecciones nacionales. El Comité Cívico local recordó que dicha agenda contempla una serie importante de proyectos estratégicos destinados al desarrollo integral del territorio tarijeño.

Entre estos proyectos destacan obras clave como la conclusión del proceso de ampliación y equipamiento del aeropuerto Oriel Lea Plaza; la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales orientada a mejorar las condiciones sanitarias; el equipamiento del Hospital Oncológico para fortalecer servicios médicos especializados; así como la integración efectiva al Corredor Bioceánico para potenciar las conexiones comerciales e infraestructurales.

Además, forman parte fundamental del compromiso regional obras viales esenciales como el asfaltado completo de la carretera Tarija–Gran Chaco y la construcción del túnel del Aguaragüe, ambos infraestructuras vitales para mejorar la movilidad y desarrollo económico local. También se incluyen medidas medioambientales urgentes tales como el dragado y reemplazo de tuberías principales que abastecen al lago San Jacinto.

En materia energética e hidrocarburífera se contempla avanzar con proyectos hidroeléctricos importantes como Carrizal; asimismo se busca lograr acuerdos financieros pendientes mediante conciliación contable con instancias nacionales. La agenda también incorpora iniciativas recientes relativas a exploración hidrocarburífera dentro del territorio departamental, control ambiental sobre ríos Pilcomayo y San Juan del Oro afectados por contaminación, así como demandas históricas vinculadas al pacto fiscal y dotación adecuada de ítems en salud, educación y Policía para subsanar déficits estructurales existentes.

Este conjunto integral de exigencias refleja no solo las necesidades inmediatas sino también las aspiraciones profundas del departamento por un desarrollo sostenible que mejore calidad de vida e infraestructura básica. Mientras tanto, frente al déficit financiero actual y las limitaciones presupuestarias evidenciadas por las autoridades gubernamentales departamentales, queda claro que Tarija atraviesa un momento crítico donde convergen desafíos económicos estructurales con demandas sociales apremiantes. La gestión futura tendrá ante sí una tarea compleja: equilibrar recursos escasos con prioridades estratégicas para garantizar estabilidad institucional sin sacrificar servicios esenciales ni proyectos fundamentales para su población