La administración departamental enfrenta una situación financiera sumamente complicada, marcada por una significativa reducción en los ingresos y un incremento constante de compromisos pendientes. La Gobernación atraviesa un momento crítico debido a la caída abrupta de los recursos provenientes de la renta petrolera, lo que ha provocado que las obligaciones superen con creces su capacidad económica.

Actualmente, los ingresos mensuales alcanzan aproximadamente 20,8 millones de bolivianos, de los cuales una gran parte se destina al pago de deudas acumuladas, salarios y programas sociales. Después de cubrir gastos esenciales como salud, mantenimiento de infraestructura vial y transferencias municipales, el remanente disponible es mínimo, apenas suficiente para atender emergencias menores.

Los reclamos hacia la administración departamental se han intensificado en los últimos meses. La Asamblea Legislativa Departamental ha solicitado un incremento presupuestario para asegurar su funcionamiento, mientras que el sector salud exige el pago del Bono Vacunación, que representa una deuda cercana a los 11 millones de bolivianos y ha motivado movilizaciones continuas. Asimismo, trabajadores de la Casa de la Cultura han recurrido a una huelga de hambre debido a la falta de pago de sus salarios, reflejando la falta de liquidez de la Gobernación.

El sector campesino representa uno de los mayores desafíos, reclamando el cumplimiento del Programa Solidario Comunal (Prosol), que requiere una inversión total de 32 millones de bolivianos para atender a 340 comunidades. Hasta la fecha, solo se ha desembolsado una fracción de esos recursos, quedando un saldo pendiente que genera tensión y movilizaciones.

El gobernador ha reconocido la gravedad de la situación, señalando que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir todas las obligaciones. Mencionó que la Gobernación enfrenta procesos judiciales que agravan aún más la crisis financiera, incluyendo demandas millonarias con plazos de pago muy ajustados. Destacó que casi la mitad del presupuesto mensual se destina al pago de fideicomisos adquiridos en gestiones anteriores, limitando significativamente la capacidad para nuevas inversiones o pagos.

El presupuesto departamental actual es considerablemente menor en comparación con otros niveles de gobierno, lo que dificulta aún más la atención de las múltiples demandas. Además, existe un paquete de leyes departamentales que exigen recursos por más de 460 millones de bolivianos, fondos que no están disponibles y cuya revisión por parte de la Asamblea Legislativa no ha avanzado.

Respecto al Prosol, el gobernador subrayó que, según la normativa, este programa debería contar con financiamiento compartido entre el Gobierno Nacional, los municipios y la Gobernación, pero en la práctica, la administración departamental ha sido la única que ha aportado íntegramente hasta ahora, situación que ya no puede sostener.

Por su parte, representantes del sector campesino han manifestado su rechazo a renunciar a este beneficio. Han convocado a un ampliado para analizar la situación y exigir el desembolso total de los recursos comprometidos. Mantienen un estado de emergencia y advierten que podrían adoptar medidas de presión si no reciben una respuesta favorable que garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En este contexto, la Gobernación enfrenta un complejo escenario en el que debe equilibrar una limitada disponibilidad financiera con crecientes demandas sociales y legales, lo que plantea un desafío significativo para la gestión pública en el corto y mediano plazo