La situación actual de la renta petrolera en Bolivia ha suscitado un debate significativo sobre la necesidad de reformar la Ley de Hidrocarburos, según lo expuesto por el investigador Raúl Velásquez Guzmán de la Fundación Jubileo. En su análisis, Velásquez destaca que actualmente, de cada 100 dólares generados por la renta petrolera en el país, el Estado se queda con una abrumadora proporción del 93%, mientras que solo un 7% va a parar a manos de las empresas petroleras. Esta distribución se considera desproporcionada y ha sido objeto de críticas debido a su impacto en la inversión extranjera.

La política hidrocarburífera vigente, definida por la Ley de Hidrocarburos 3058 y reforzada por el decreto de nacionalización 28701, ha convertido a Bolivia en un lugar poco atractivo para los inversores privados. Según Velásquez, esta estructura ha afectado negativamente la inversión en exploración durante las últimas dos décadas. “Ninguna empresa estará dispuesta a invertir en un negocio donde solo se queda con un 7%”, enfatizó el investigador al referirse a las consecuencias de una política que se ha mantenido desde 2006, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) asumió el gobierno.

Los resultados de esta política son evidentes: Bolivia ha visto una disminución en su producción de hidrocarburos y un aumento en la importación de carburantes. Las reservas de gas natural han caído significativamente, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del sector. Velásquez subraya que para atraer nuevas inversiones es crucial revisar y modificar los términos establecidos en la ley actual.

El investigador también hizo hincapié en que Bolivia ya no compite solo con países vecinos por atraer inversiones; ahora enfrenta rivales directos como Argentina, que ha desarrollado su área Vaca Muerta, convirtiéndose en un competidor clave para la exportación de gas. Asimismo, Brasil continúa siendo un mercado importante pero también está desarrollando sus propios recursos con el proyecto Presal. Otros países como Colombia y Guyana están avanzando con proyectos significativos en gas natural, lo que aumenta aún más la competencia.

En este contexto, Velásquez argumenta que es esencial que Bolivia busque un régimen fiscal más competitivo y atractivo para los inversores. Esto implica no solo ajustar las tasas impositivas, sino también revisar el esquema de precios del gas natural. Actualmente, los precios subvencionados que se manejan en el mercado interno, fijados en 1.30 dólares por mil pies cúbicos, dificultan la captación de inversiones externas.

La urgencia por reformar la legislación hidrocarburífera se convierte así en un tema central si se busca revitalizar el sector y asegurar una mayor inversión extranjera que impulse el desarrollo económico del país. Sin cambios significativos, Bolivia podría seguir enfrentando desafíos crecientes en su producción e importación de hidrocarburos.