La reciente licitación para la rehabilitación y asfaltado del tramo Río Isiri-La Central, parte de la carretera que conecta Tarija con Villa Montes, ha fracasado nuevamente, marcando la segunda ocasión en que el proceso queda desierto. Marco Guaygua Borda, vicepresidente del Comité Cívico, confirmó que la información fue obtenida a través del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), expresando su descontento ante esta situación.

El proyecto, que abarca un total de 29 kilómetros, se había dividido en dos segmentos: uno de 18 kilómetros y otro de 11. El primer tramo, que se adjudicó un costo referencial de 85 millones de bolivianos, fue el que no logró avanzar en esta segunda convocatoria. Guaygua explicó que las empresas interesadas no cumplieron con los requisitos establecidos en el Documento Base de Contrataciones (DBC), lo que llevó a la anulación de la licitación.

El DBC incluía especificaciones técnicas que no fueron satisfechas por los oferentes. Ante esta situación, se prevé que se realice una nueva convocatoria en los próximos días. El dirigente se mostró optimista, esperando que esta vez se logre adjudicar la obra antes de finalizar el año 2024, con la meta de completar al menos 18 kilómetros asfaltados en un plazo de 360 días para mejorar la circulación en la zona.

Guaygua destacó que, a pesar de ser parte de la Red Vial Fundamental (RVF), el estado actual de este tramo es preocupante. La carretera presenta un deterioro notable, con serias dificultades para los transportistas, especialmente en temporada de lluvias. “El tramo está completamente descuidado, con la pérdida de la plataforma y sin cunetas, además de numerosas deformaciones en la vía”, subrayó.

El vicepresidente cívico también mencionó que aún no se dispone de información sobre el costo de asfaltado de los 11 kilómetros restantes. Esta licitación fue gestionada por la Alcaldía de Villa Montes, que ha asumido el compromiso de mejorar esta ruta, aunque no sea de su competencia directa.

Guaygua Borda instó a la Alcaldía de Villa Montes a transferir la responsabilidad de los 11 kilómetros restantes al gobierno central y a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que son las entidades competentes para llevar a cabo esta obra. Enfatizó que es responsabilidad del gobierno ejecutar este proyecto con fondos del nivel central, tal como se hace en otras regiones, y no depender de recursos locales que pueden ser limitados