El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, conocido como Fondo Indígena, fue establecido en 2005 como un logro significativo para las comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción durante la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), dejando un perjuicio económico millonario y miles de proyectos sin ejecutar.

Su creación estuvo vinculada a la lucha por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), producto de una movilización del pueblo guaraní que demandaba participar en los beneficios de este impuesto. Como resultado, el gobierno otorgó un porcentaje del IDH para la creación de un fondo destinado a las comunidades indígenas y campesinas, ampliando posteriormente su alcance a nivel nacional.

El Fondo contó con una estructura compleja y politizada desde sus inicios, conformada por un directorio multisectorial presidido por el Ministerio de Asuntos Indígenas y compuesto por varios ministerios y representantes de organizaciones campesinas e indígenas. Aunque esta configuración buscaba garantizar la participación social, con el tiempo derivó en un sistema cerrado donde las mismas organizaciones que promovían proyectos eran responsables de su aprobación y supervisión.

A pesar de haber sido creado en 2005, el Fondo comenzó a operar en 2009 bajo la dirección de Elvira Parra, seguida por otros directores en los años posteriores. Durante estas gestiones, especialmente bajo la administración de Marco Aramayo, se empezaron a identificar irregularidades en la gestión y aprobación de proyectos.

Entre 2006 y 2014, el Fondo recibió más de 3.190 millones de bolivianos del Estado, de los cuales una gran parte permanecía sin utilizar en cuentas bancarias. Informes de la Contraloría revelaron la aprobación de miles de proyectos sin concluir, muchos sin documentación técnica adecuada y sin evidencia física de ejecución. En particular, entre 2010 y 2013 se aprobaron más de 3.400 proyectos, pero solo uno fue finalizado.

El caso involucró a numerosos dirigentes y miembros de organizaciones sociales afines al MAS, así como a técnicos, consultores y funcionarios ministeriales. Las investigaciones alcanzaron a más de 2.000 personas vinculadas a la ejecución de proyectos.

En 2015, la Contraloría confirmó un daño económico inicial de 71 millones de bolivianos, lo que llevó a la intervención del Fondo y a la apertura de procesos penales. Marco Aramayo, director en ese momento, fue señalado como el principal responsable, aunque él alegó ser un “chivo expiatorio” y denunció la participación de altos dirigentes y ministros. Aramayo enfrentó más de 200 procesos judiciales hasta su fallecimiento en 2022.

A una década del escándalo, la situación judicial permanece fragmentada, con numerosos casos aún sin resolución y procesos que avanzan lentamente o se extinguen por el fallecimiento de imputados. Las responsabilidades de altos funcionarios y ministerios no han sido completamente esclarecidas.

Recientemente, la investigación se ha ampliado para incluir a figuras de alto nivel, entre ellas el expresidente Luis Arce, quien es indagado en calidad de exministro de Economía. Se han presentado denuncias que podrían derivar en imputaciones y medidas cautelares en su contra, en el marco del proceso que también involucra a la exdiputada del MAS Lidia Patty, actualmente en prisión preventiva