El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonabosque) ha iniciado una investigación exhaustiva sobre un conjunto significativo de proyectos heredados de la gestión anterior, tras detectar irregularidades que ponen en entredicho la correcta utilización de los recursos públicos destinados al sector forestal. En concreto, la institución ha ordenado la realización de una auditoría técnica y legal a un total de 78 proyectos que presentaban un preocupante desbalance entre los desembolsos económicos efectuados y el avance real en la ejecución física de las iniciativas.

Los datos preliminares revelaron que, a pesar de que casi el 100% del presupuesto asignado había sido desembolsado, el progreso tangible en las obras o actividades era inferior al 10%. Esta situación genera serias dudas sobre la transparencia y eficacia en la administración de los fondos públicos, así como sobre el cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo forestal sostenible. La directora ejecutiva de Fonabosque, Ana Marietta Colanzi, indicó que estas irregularidades podrían derivar en acciones legales y administrativas contra los responsables, subrayando la gravedad del hallazgo.

Además del bajo nivel de avance físico respecto a los recursos invertidos, el análisis realizado por la Coordinación en Planificación y Evaluación de Proyectos detectó una serie de deficiencias críticas. Entre ellas se destacan irregularidades consideradas de alto riesgo, como la realización de estudios preliminares fuera del ámbito legalmente establecido para Tierras de Producción Forestal Permanente. Esta circunstancia resulta especialmente delicada porque puede afectar la viabilidad ambiental y legal de los proyectos.

Otro aspecto preocupante es el uso inapropiado de especies forestales para las diferentes ecorregiones donde se desarrollan los proyectos. La selección incorrecta puede comprometer no solo el éxito técnico y ecológico sino también la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas planteadas. A ello se suman debilidades persistentes en los perfiles técnicos presentados, lo que indica una falta de rigor profesional en la planificación y ejecución.

Asimismo, se detectó una carencia significativa en la acreditación del derecho propietario para operar o intervenir en ciertas áreas. Este vacío legal podría generar conflictos jurídicos futuros y pone en duda la legitimidad con que se han desarrollado varios proyectos. En conjunto, estas anomalías afectan directamente a la transparencia institucional y al cumplimiento efectivo del mandato estatal para impulsar un desarrollo forestal responsable.

Como medida inmediata frente a estas irregularidades, Fonabosque decidió suspender temporalmente todas las actuaciones administrativas relacionadas con estos proyectos cuestionados. Esto incluye la paralización del desembolso de recursos públicos hacia las entidades ejecutoras involucradas, así como la interrupción de cualquier ampliación, modificación o adenda a convenios vigentes. Del mismo modo, quedan suspendidos los plazos para la presentación obligatoria de informes y cualquier otra responsabilidad que deban cumplir tanto las entidades financiadoras como las ejecutoras.

Esta suspensión tiene un carácter preventivo y busca garantizar que antes de continuar con cualquier trámite o ejecución se realice una evaluación exhaustiva que permita subsanar las fallas detectadas o tomar medidas correctivas adecuadas. El período inicial para esta paralización se establece hasta el 25 de marzo próximo; sin embargo, existe la posibilidad de extenderlo excepcionalmente mediante una nueva resolución según avance el proceso investigativo.

La decisión adoptada por Fonabosque refleja un compromiso institucional con la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos destinados al sector forestal. Al poner bajo revisión estos 78 proyectos con evidentes problemas técnicos y legales, se busca preservar no solo el patrimonio ambiental sino también fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del desarrollo sostenible.

Para la población involucrada —especialmente aquellas comunidades vinculadas directa o indirectamente con actividades forestales— esta medida supone un llamado a exigir mayor control y rendición de cuentas sobre cómo se gestionan los fondos públicos. Asimismo, alerta sobre posibles impactos negativos derivados del mal manejo administrativo en programas diseñados para fomentar prácticas forestales responsables y promover beneficios ambientales y económicos duraderos.

En definitiva, esta auditoría técnica y legal representa un paso fundamental para corregir desviaciones detectadas, asegurar un uso adecuado del presupuesto público y garantizar que los proyectos forestales alcancen sus objetivos previstos dentro del marco normativo vigente. La vigilancia continua y las acciones correctivas emprendidas por Fonabosque marcan un precedente relevante para fortalecer las políticas públicas orientadas a proteger los recursos naturales y promover su desarrollo sostenible en beneficio colectivo

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