La Fiscalía ha solicitado cooperación internacional mediante la Cancillería para citar y tomar declaración a Sandra Bathania Otazú, ciudadana paraguaya y representante legal de Botrading S. A., empresa involucrada en la adjudicación de contratos millonarios con YPFB Corporación. La investigación apunta a un presunto perjuicio económico al Estado que podría alcanzar los 857 millones de dólares.
En octubre, el Ministerio Público envió una solicitud de cooperación internacional para contactar a Otazú en Paraguay, pero hasta el momento no ha recibido respuesta formal sobre la ejecución de dicha gestión. Debido a esta demora, se ha decidido emitir una nueva solicitud para avanzar en el proceso, según informó el fiscal encargado del caso, Omar Yujra.
Otazú es una de las más de veinte personas bajo investigación, entre funcionarios de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, por la presunta firma de contratos que habrían causado daño económico al Estado. Oficialmente, la ciudadana paraguaya aún no ha sido notificada del proceso penal en Bolivia y, por ello, no ha designado defensa legal.
La empresa Botrading S. A. fue constituida inicialmente bajo otra razón social durante la administración de Evo Morales, pero no registró operaciones activas hasta la gestión de Luis Arce. En ese periodo se modificó su denominación, se estableció su sede en Paraguay, se le otorgó capital prestado por YPFB Corporación y se designó a Otazú como representante legal.
Según declaraciones de la exdiputada Luciana Campero, Botrading es una compañía “de papel”, que operaba desde oficinas pequeñas en Paraguay y contaba con solo tres abogados asociados. Esta estructura resulta cuestionable para una firma que realizó transacciones por un valor cercano a los 857 millones de dólares con YPFB para el suministro de combustibles a Bolivia.
En respuesta a estas denuncias, una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa inició una investigación que culminó en dos informes enviados a la Contraloría General del Estado. En dichos documentos se identificaron al menos nueve irregularidades en doce contratos firmados entre YPFB y Botrading.
El fiscal Yujra señaló que, aunque el informe parlamentario menciona un daño económico de 355 millones de dólares, la investigación fiscal ha detectado transacciones que suman hasta 857 millones de dólares. La determinación final sobre la existencia de irregularidades y la cuantificación del perjuicio económico estará a cargo de la Contraloría o de una auditoría forense realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Para Campero, la operación de Botrading en Paraguay habría tenido como finalidad evitar los mecanismos de control y fiscalización bolivianos. No obstante, destacó que el entramado jurídico de la empresa es un aspecto secundario en la investigación, que se centra principalmente en las irregularidades detectadas en los contratos.
La denuncia fue presentada en julio por los legisladores de la Comisión Especial. El 5 de diciembre, la Fiscalía formuló imputaciones formales contra seis personas, entre ellas el expresidente de YPFB Corporación, Armin Dorgathen, por delitos como incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Hasta el momento, el Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción, encargado del caso, no ha programado la audiencia cautelar para los seis imputados
