La Fiscalía ha solicitado en dos ocasiones cooperación internacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para citar y obtener la declaración de Sandra Bathania Otazú, ciudadana paraguaya y representante legal de Botrading S.A., empresa involucrada en contratos millonarios con YPFB Corporación. Esta firma está bajo investigación por presuntas irregularidades que habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado de hasta 857 millones de dólares.

El fiscal Omar Yujra indicó que la primera solicitud de cooperación, realizada en octubre, no ha recibido respuesta formal desde Paraguay, lo que motivó la emisión de una segunda petición para avanzar en el proceso. Otazú es una de más de veinte personas vinculadas a la investigación, entre funcionarios de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, quienes están siendo indagados por la firma de contratos que podrían haber causado un daño al Estado. Hasta ahora, la representante legal de Botrading no ha sido notificada oficialmente sobre el proceso penal en Bolivia y, por lo tanto, no ha designado defensa legal.

Botrading S.A. fue constituida inicialmente bajo otro nombre durante la administración de Evo Morales, sin embargo, no tuvo actividad hasta la gestión del presidente Luis Arce, cuando se modificó su denominación, se estableció su sede en Paraguay, se le otorgó capital proveniente de YPFB Corporación y se nombró a Otazú como representante legal. La exdiputada Luciana Campero calificó a Botrading como una empresa “de papel”, con operaciones limitadas desde una oficina pequeña en Paraguay y una plantilla reducida de tres abogados, una estructura que resulta cuestionable para una compañía que manejó contratos por cientos de millones de dólares para el suministro de combustibles a Bolivia.

En respuesta a estas denuncias, la Asamblea Legislativa conformó una Comisión Especial que llevó a cabo una investigación y elaboró dos informes dirigidos a la Contraloría General del Estado, identificando al menos nueve irregularidades en doce contratos suscritos entre YPFB y Botrading. Según el fiscal Yujra, el informe parlamentario señala un daño económico de 355 millones de dólares, pero la investigación fiscal ha detectado transacciones que suman hasta 857 millones de dólares. La determinación final sobre la existencia de irregularidades y el monto del perjuicio económico corresponderá a la Contraloría o a una auditoría forense realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Campero sostuvo que la operación de Botrading en Paraguay habría sido diseñada para eludir los controles fiscales bolivianos, aunque subrayó que la estructura jurídica de la empresa es un aspecto secundario dentro de la investigación, que se centra principalmente en las anomalías detectadas en los contratos.

La denuncia fue presentada por la Comisión Especial en julio, y el 5 de diciembre la Fiscalía formuló una imputación formal contra seis personas, entre ellas el expresidente de YPFB Corporación, Armin Dorgathen. Los cargos incluyen incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, entre otros. Hasta el momento, el Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción, encargado del caso, no ha programado la audiencia cautelar para los imputados