Una comisión del Ministerio Público llevó a cabo un operativo en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) situadas en el Prado paceño, donde se procedió al secuestro de diversos documentos. Esta acción forma parte de una investigación por presuntas conductas antieconómicas y uso indebido de influencias.
La fiscal encargada de la Unidad de Anticorrupción, Jenny Benítez, detalló que el registro permitió detectar irregularidades en los procesos de licitación y contratación. En este contexto, una persona ya fue identificada como sospechosa y será convocada a declarar próximamente.
Durante la intervención, también se hallaron indicios de posibles irregularidades relacionadas con al menos dos empresas, lo que amplía el ámbito de la investigación.
Los documentos incautados serán sometidos a un análisis detallado, incluyendo contratos vinculados a la adquisición de equipos satelitales.
Además, se investiga una denuncia que señala que la representante legal de una de las compañías tendría un vínculo familiar con un funcionario responsable del proceso de contratación, situación que podría representar un conflicto de intereses

