El Ministerio Público llevó a cabo una serie de allanamientos simultáneos en diversas oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a nivel nacional, en el marco de una investigación relacionada con presuntos cobros irregulares, desvío de combustible y posibles actos de corrupción que, según estimaciones preliminares de la empresa estatal, podrían haber ocasionado pérdidas millonarias. Durante estas acciones en la capital cruceña, cinco funcionarios fueron detenidos para prestar declaración.

El presidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly, confirmó que las intervenciones, realizadas conjuntamente con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), abarcaron distritos comerciales, redes de distribución de gas, oficinas administrativas y plantas operativas. Estas diligencias se ejecutaron bajo estrictos protocolos de transparencia institucional, atendiendo denuncias sobre irregularidades en cobros y manejo de combustible.

Akly señaló que la empresa estatal se considera víctima dentro de esta investigación y anunció que se presentarán las querellas correspondientes, colaborando de manera activa y transparente en los procesos penales que se desarrollen. Según datos preliminares, el desvío de combustible podría representar entre el 20% y 25% del volumen comercializado anualmente, lo que implicaría un impacto económico estimado entre 800 millones y 1.000 millones de dólares al año. Este hallazgo fue calificado como alarmante y se presume la existencia de una estructura organizada detrás de estos hechos.

Aunque evitó adelantar conclusiones, el ejecutivo enfatizó que se esclarecerán los hechos y que todos los funcionarios involucrados serán puestos a disposición de la justicia. Como medida preventiva, YPFB dispuso el relevo inmediato de los responsables de las áreas bajo investigación y presentó al ingeniero Óscar Rodríguez como nuevo jefe del Distrito Oriente, destacando su profesionalismo y experiencia en el sector.

Debido a los operativos, algunas oficinas suspendieron temporalmente la atención al público, aunque se garantizó que el servicio se normalizará en breve y que el abastecimiento de combustible en todo el país está asegurado. La estatal reafirmó su compromiso con una política de tolerancia cero frente a la corrupción, en cumplimiento de las directrices presidenciales.

Por su parte, el fiscal anticorrupción Brayan Melgar explicó que la investigación se inició de oficio tras detectar irregularidades en contratos relacionados con la construcción y prestación de servicios para YPFB. Se identificaron incumplimientos en plazos y montos establecidos, y la denuncia se originó a partir de estas irregularidades contractuales. Cinco personas vinculadas a diferentes áreas de la empresa fueron arrestadas para ser individualizadas en relación con la adjudicación y supervisión de los contratos cuestionados.

Melgar indicó que, aunque no se ha precisado el monto del daño económico, la causa incluye delitos como incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros, que podrían ampliarse conforme avance el análisis documental. Los operativos se realizaron simultáneamente en varias ciudades, incluyendo Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, con la denuncia radicada en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

Tras la recolección de documentación durante la tarde, se procederá a su análisis para profundizar la investigación y determinar responsabilidades. Akly reiteró que YPFB llevará adelante una reestructuración interna para prevenir futuros casos, asegurando que no habrá protección para quienes resulten involucrados en actos ilícitos. Asimismo, hizo un llamado a la población para mantener la calma, garantizando el suministro continuo de carburantes en el país