El Ministerio Público ha informado que Jhonny Fernández, actual alcalde, se encuentra en calidad de aprehendido a pesar de estar internado en una clínica privada. Esta situación fue confirmada durante una conferencia de prensa en la que se anunció que se solicitará su detención preventiva debido a los indicios de culpabilidad y los riesgos procesales identificados en la investigación conocida como el caso pavimento. Este caso ha generado gran atención pública por las implicaciones legales y administrativas que involucra.
Fernández y su secretario de Obras Públicas, Sergio Luna, son los principales investigados en esta denuncia que fue presentada ante la Fiscalía. La acusación se centra en la presunta irregularidad relacionada con pagos efectuados para obras de pavimentación que, según las investigaciones preliminares, no habrían sido realmente ejecutadas. Esta denuncia ha puesto bajo escrutinio la gestión municipal respecto a la ejecución y supervisión de proyectos públicos, cuestionando la transparencia y el uso correcto de los recursos destinados a infraestructura urbana.
Durante la conferencia, Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, explicó que el Ministerio Público fundamentará su solicitud ante la autoridad judicial para imponer una medida excepcional como es la detención preventiva. Esta petición se basa en los riesgos procesales detectados, tanto por posibilidad de fuga como por potenciales actos de obstaculización en el proceso investigativo. El fiscal subrayó que estas medidas buscan asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y garantizar que los involucrados respondan ante las acusaciones formuladas.
La denuncia contra Fernández y Luna se sustenta inicialmente en un informe preliminar elaborado por la Contraloría, entidad que detectó irregularidades en las obras observadas. Sin embargo, el Ministerio Público ha extendido sus acciones investigativas más allá del informe inicial, realizando inspecciones técnicas directas en las obras cuestionadas y revisando exhaustivamente la documentación relacionada con la Secretaría de Obras Públicas. Estas acciones buscan corroborar o desmentir las irregularidades señaladas y establecer con mayor precisión el alcance del presunto daño económico causado al municipio cruceño.
Aunque aún restan pericias técnicas pendientes para determinar con exactitud el monto del perjuicio económico ocasionado, las evidencias recopiladas hasta ahora han llevado a la fiscal asignada al caso a emitir una resolución fundamentada para proceder con la aprehensión de Fernández. Esta medida tiene como objetivo poner al alcalde a disposición de una autoridad jurisdiccional para que defina su situación jurídica dentro del plazo legal establecido de 24 horas.
Un aspecto relevante durante el proceso es que tanto Fernández como Sergio Luna optaron por acogerse al derecho al silencio durante sus declaraciones informativas. Esta decisión forma parte del procedimiento legal y no afecta directamente las investigaciones; sin embargo, es un dato importante dentro del contexto judicial.
El día en que Fernández debía presentarse a su audiencia cautelar en la Dirección Especializada en Lucha Contra la Corrupción (Delcc), fue recibido con muestras de apoyo por parte de seguidores presentes en el lugar. No obstante, poco después se informó sobre una descompensación física sufrida por el alcalde. Una ambulancia acudió rápidamente para trasladarlo a una clínica privada donde permanece internado.
A pesar del traslado hospitalario, desde el Ministerio Público aclararon que Fernández fue sometido a una valoración médica que determinó que su estado es estable y apto para enfrentar el proceso penal con todas las garantías constitucionales correspondientes. Esta evaluación médica es crucial para garantizar que se respeten sus derechos humanos durante el curso del proceso judicial.
El vocero municipal confirmó que Fernández atraviesa un cuadro agudo de influenza y anticipó que permanecerá internado mientras espera la audiencia para definir las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. La situación médica del alcalde añade un componente adicional al desarrollo del caso pavimento, ya que condiciona aspectos logísticos y legales relacionados con su aprehensión y posible detención preventiva.
En resumen, este caso representa un episodio significativo dentro del ámbito político y administrativo local, poniendo en evidencia posibles irregularidades en proyectos públicos fundamentales para la infraestructura urbana. La respuesta institucional encabezada por el Ministerio Público refleja un esfuerzo por esclarecer los hechos e imponer responsabilidades conforme a derecho. La evolución del proceso judicial será seguida atentamente debido a sus implicaciones directas sobre el manejo de recursos municipales y la confianza ciudadana hacia sus autoridades electas
