La Fiscalía Departamental de La Paz ha iniciado un segundo proceso penal contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, uno de los hijos del expresidente Luis Arce, en una investigación que fue abierta de oficio y que apunta al delito de legitimación de ganancias ilícitas. El procedimiento, que comenzó formalmente el 4 de febrero, revela la intención de las autoridades por profundizar en las posibles irregularidades financieras vinculadas a este joven de 26 años, quien se encuentra actualmente prófugo y con una notificación roja emitida por Interpol.
Aunque el documento oficial al que tuvo acceso EL DEBER no especifica los indicios concretos que motivaron esta nueva investigación, se establece claramente que Arce Mosqueira debe presentarse a declarar en calidad de sindicado el próximo 19 de febrero a las 11:00 horas ante la fiscalía. La responsabilidad en la conducción del caso recae en la fiscal Ingrid Feraudi, quien se encargará de esclarecer el alcance y las posibles implicaciones legales relacionadas con este nuevo proceso.
Este segundo procedimiento judicial se suma a uno anterior, también dirigido contra el mismo hijo del expresidente Arce, donde ya fue imputado por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. En esa primera causa, las investigaciones revelaron un patrimonio considerable registrado a nombre del joven, que incluye nueve propiedades e inmuebles además de vehículos catalogados como de lujo. La acumulación y adquisición de estos bienes generaron sospechas sobre la procedencia legítima de sus recursos económicos.
Una denuncia formal presentada por el exdiputado Héctor Arce, perteneciente al ala evista, detalló algunos aspectos destacados del patrimonio cuestionado. Entre ellos figura un penthouse valorado en aproximadamente medio millón de dólares ubicado en el condominio Palmas II, situado en la zona Sur de La Paz. Además, se destacan dos automóviles lujosos y la compra adicional dentro del mismo condominio de dos plazas de parqueo por un monto total cercano a los 36 mil dólares y dos bauleras adquiridas por unos 20 mil dólares. Estos movimientos patrimoniales llamaron la atención por su magnitud y por la aparente desproporción con los ingresos oficialmente conocidos del investigado.
En relación con ese primer caso, también se esperaba la declaración testimonial y explicativa por parte de la pareja sentimental y madre del hijo del investigado. Su testimonio es considerado clave para esclarecer los millonarios movimientos económicos registrados especialmente durante diciembre de 2025. En ese período se detectó la compra simultánea de otros ocho inmuebles ubicados en el departamento de Santa Cruz, hechos que requieren una explicación detallada sobre la procedencia del dinero utilizado para dichas adquisiciones.
La apertura del segundo proceso penal refleja un aumento en el escrutinio judicial hacia las operaciones financieras vinculadas a Rafael Ernesto Arce Mosqueira. Asimismo, pone en evidencia la complejidad y profundidad que tienen estas investigaciones en torno a presuntos actos irregulares relacionados con enriquecimiento ilícito y lavado o legitimación de ganancias ilícitas. Para la ciudadanía, estos procesos revisten especial importancia dado que involucran a familiares directos de figuras políticas relevantes y plantean interrogantes sobre transparencia y responsabilidad pública.
El estatus actual del hijo del expresidente como prófugo añade un componente crítico a estas investigaciones. La orden internacional emitida mediante notificación roja indica un esfuerzo coordinado para su localización y captura, lo cual podría acelerar los procedimientos judiciales pendientes o influir en las estrategias legales futuras. En conjunto, estos casos abren una ventana hacia la lucha estatal contra prácticas ilegales dentro del ámbito político y económico nacional.
En definitiva, estas investigaciones representan un capítulo importante dentro del sistema judicial boliviano para abordar casos donde presuntamente se ha afectado el patrimonio público o se han cometido delitos económicos graves. El seguimiento riguroso por parte de las autoridades competentes será fundamental para garantizar justicia y fortalecer la confianza ciudadana en los mecanismos institucionales frente a posibles actos ilícitos cometidos incluso por personas cercanas a altos mandos políticos
