La autoridad judicial de Tarija ha formalizado una grave acusación contra el expresidente Evo Morales Ayma, imputándole el delito de trata y tráfico de personas agravado. Este desarrollo culmina una exhaustiva investigación que se extendió por más de un año.

La imputación, que también alcanza a Idelsa Pozo Saavedra, se sustenta en una sólida base de pruebas testificales e informes recabados de diversas instituciones. El expediente, compuesto por dieciocho volúmenes, ha sido remitido al Tribunal Departamental de Justicia para el inicio del correspondiente juicio penal. El origen de esta causa judicial, iniciada en septiembre de 2024, radica en una presunta relación que el exmandatario habría mantenido con una adolescente en 2015, de la cual se alega el nacimiento de una hija.

Tras la entrega de los documentos a un juez del Tribunal Departamental, el proceso avanzará hacia la asignación a un tribunal competente, donde se establecerá la fecha y hora para el juicio. A partir de este punto, se procederá con la notificación a las partes involucradas y la presentación de pruebas tanto de cargo como de descargo.

La Fiscalía General del Estado, a través de su titular, Róger Mariaca, ha ratificado la formalización de la acusación, asegurando la continuidad del proceso conforme a la normativa legal vigente. Se ha recordado, además, que la orden de aprehensión contra el exmandatario permanece activa y es ejecutable por las fuerzas policiales.

En un contexto político paralelo, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha enfatizado la independencia del sistema judicial, prometiendo que su administración no se someterá a intereses partidistas. Ha declarado que la justicia actuará sin distinción, aplicando el rigor de la ley a todos los ciudadanos, incluido el expresidente Morales, a quien, según sus palabras, el Estado nunca le había aplicado la norma con la debida severidad durante dos décadas. Paz Pereira subrayó que, de existir procesos pendientes, la justicia deberá proceder, y que su gobierno respaldará plenamente la institucionalidad judicial, aunque la responsabilidad de las sentencias recaiga exclusivamente en los tribunales. Con estas declaraciones, el mandatario electo ha marcado una clara distancia política y ha enviado un mensaje de apoyo a la autonomía judicial en el marco de este delicado proceso.

Un acontecimiento notable en medio de estos desarrollos fue la remoción de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, poco después de haber formalizado la acusación. Si bien Gutiérrez recibió un memorándum de agradecimiento por sus servicios, declinó especular sobre una posible conexión entre su salida y el caso, instando a la opinión pública a seguir de cerca el desarrollo del proceso. El mismo día, el Fiscal General Róger Mariaca designó a José Ernesto Mogro Palacios como nuevo fiscal departamental de Tarija. Durante el acto de posesión, Mariaca valoró la labor de su predecesora y exhortó al nuevo titular a garantizar la transparencia y continuidad del caso. Mariaca desestimó cualquier vinculación entre la destitución de Gutiérrez y la acusación, reafirmando que el proceso penal continuará su curso bajo la dirección del equipo designado y el nuevo fiscal.

La investigación penal contra el expresidente, iniciada en septiembre de 2024, por presunto tráfico y trata de personas agravado, derivada de la denuncia sobre una supuesta relación con una menor de edad y el nacimiento de una hija, entra ahora en una fase crucial con la presentación formal de la acusación ante los tribunales