La Fiscalía Departamental de Tarija ha intensificado sus esfuerzos en la investigación que involucra a la expresidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Karina Serrudo, en un caso que gira en torno a la presunta existencia de un sobreprecio en la adquisición de un terreno destinado a la construcción de una infraestructura pública. Este proceso se encuentra bajo el escrutinio riguroso de una comisión especializada en anticorrupción, que trabaja para esclarecer las circunstancias y responsabilidades vinculadas a esta compra.
El fiscal José Ernesto Mogro ha confirmado que las pesquisas avanzan con la recopilación y análisis detallado de documentación pertinente al caso. Para llevar adelante una investigación con rigor jurídico, es imprescindible acceder a todos los documentos relacionados con la operación inmobiliaria, lo que permitirá determinar si hubo alguna irregularidad o responsabilidad penal. La Fiscalía está a la espera de recibir estos documentos oficiales para proceder con el estudio exhaustivo del caso.
El origen de esta denuncia proviene del Viceministerio de Transparencia, que alertó sobre una supuesta compra irregular. Según esta denuncia, el terreno fue adquirido por un monto de 2.770.000 bolivianos, cifra considerablemente superior a otra oferta legítima, valorada en 1.800.000 bolivianos. La diferencia significativa entre ambas propuestas pone en entredicho la transparencia y legalidad del proceso licitatorio o contractual para el proyecto que tenía como finalidad edificar las oficinas de la Aduana en Tarija.
Más allá de Serrudo, las investigaciones también alcanzan al representante legal de la Asociación Accidental adjudicataria del proyecto, lo cual indica que las autoridades buscan establecer si hubo complicidad o negligencia por parte de otros actores involucrados en el proceso contractual. Esta ampliación del foco investigativo subraya el compromiso del Ministerio Público para actuar conforme al Código de Procedimiento Penal y garantizar que se deslinden responsabilidades con base en pruebas concretas.
Sin embargo, no todos los sectores coinciden con el planteamiento del Viceministerio. El presidente del Colegio de Abogados, Fernando Valverde, ha cuestionado públicamente la validez jurídica y técnica de la denuncia contra Serrudo. Según Valverde, no se han respetado principios constitucionales fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia, elementos esenciales para proteger los derechos individuales durante cualquier procedimiento legal. Además, ha señalado que al no haberse permitido ejercer el derecho a réplica frente a las acusaciones formuladas se ha provocado lo que denominó una muerte civil para Serrudo, afectando su reputación y capacidad profesional sin un juicio justo.
En medio de esta controversia jurídica y mediática, existe incertidumbre respecto al paradero actual de Karina Serrudo. El Gobierno central ha reaccionado activando una alerta migratoria dirigida específicamente contra exautoridades vinculadas a la gestión anterior, con el objetivo explícito de evitar su salida hacia países vecinos y asegurar su disponibilidad para responder ante las investigaciones. Esta medida refleja la gravedad con que se toma este caso dentro del ámbito estatal y pone en evidencia las tensiones políticas y administrativas inherentes a procesos judiciales vinculados a figuras públicas.
En definitiva, este caso representa un episodio relevante dentro del combate contra posibles actos irregulares en entidades públicas bolivianas. La investigación busca no solo aclarar hechos específicos relacionados con una compra inmobiliaria aparentemente sobrevalorada sino también fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar transparencia y responsabilidad administrativa. Para la población involucrada y afectada indirectamente por estas decisiones financieras públicas, el seguimiento detallado y justo del proceso judicial resulta fundamental para restaurar confianza en las instituciones estatales encargadas del control aduanero y otros servicios esenciales
