Las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la construcción de la doble vía El Sillar han alcanzado a exfuncionarios del sector de Obras Públicas. Entre los señalados se encuentran el exministro Milton Claros y el expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, junto con otras seis personas que próximamente serán citadas por las autoridades para esclarecer su presunta participación en el caso.

En este contexto, el exministro de Obras Públicas Édgar Montaño, quien fue uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Luis Arce, permanece detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz. Su abogado defensor, Edwin Lenis, aclaró que hasta el momento las acciones legales contra Claros y Nina corresponden a denuncias y no a imputaciones formales, por lo que el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar.

Lenis también expresó sorpresa por la ausencia de denuncias contra el exministro Iván Arias, actual alcalde de La Paz y quien dirigió el Ministerio de Obras Públicas antes de 2020. Según el abogado, si el delito investigado es incumplimiento de deberes, Arias debería estar incluido en las investigaciones, lo que ha sido señalado como una anomalía por la defensa.

En cuanto a las acusaciones contra Montaño, el abogado defensor sostiene que están basadas en una interpretación errónea de los hechos. Aseguró que se demostrará que su cliente no participó en las irregularidades que se le atribuyen y adelantó que presentarán una solicitud para que se revoque su detención preventiva.

El pasado 12 de enero, tras una audiencia virtual de casi cuatro horas, un juez dictó cuatro meses de detención preventiva para Montaño, un período inferior a los seis meses solicitados por la Fiscalía. El exministro enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos perjudiciales para el Estado.

La Fiscalía, representada por el fiscal Omar Yujra, imputó a Montaño por un presunto daño económico cercano a los 3 millones de dólares. Esta acusación se basa en la firma de contratos con la empresa china Sinohydro, que incluían cláusulas consideradas favorables para la contratista, así como en la aplicación de un tipo de cambio de 6,98 bolivianos por dólar en lugar del tipo oficial de 6,96 vigente en 2015, lo que habría generado sobreprecios y pagos irregulares en la ejecución del proyecto