La investigación penal contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de trata agravada de personas ha culminado oficialmente su etapa preliminar, marcando un avance significativo en un caso que ha generado gran atención pública y política. Según informó el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, el Ministerio Público ha cumplido con la presentación del pliego acusatorio y las pruebas de cargo que sustentan la acusación formal, trasladando ahora la responsabilidad al Órgano Judicial para que defina la fecha de inicio del juicio oral. Este proceso se encuentra radicado en el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija, instancia encargada de realizar las notificaciones correspondientes a las partes involucradas y de gestionar los plazos procesales para activar la siguiente fase del proceso penal.
La Fiscalía ha dejado claro que su papel en esta etapa está concluido, habiendo presentado toda la documentación necesaria para sustentar la causa. Sin embargo, Mogro señaló que no puede emitir criterios sobre los tiempos en los que el tribunal judicial actuará, ya que esa responsabilidad recae exclusivamente en el Poder Judicial. Actualmente, la Fiscalía se encuentra a la espera de la notificación formal por parte del tribunal para poder avanzar con las siguientes diligencias procesales. Este paso es crucial para garantizar que el acusado pueda ejercer su derecho a defensa, presentar sus pruebas y preparar su estrategia para el juicio oral, público y contradictorio.
En cuanto a la situación procesal del expresidente Morales, persiste una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público debido a su incomparecencia reiterada a las audiencias convocadas. La ejecución de esta orden corresponde a la Policía Nacional. El fiscal Mogro advirtió que si Morales continúa sin presentarse al juicio, el tribunal deberá declararlo rebelde, lo cual implicaría una nueva orden de aprehensión. Esta situación añade complejidad al proceso y pone en evidencia un escenario judicial tenso donde la presencia física del acusado es un elemento clave para el desarrollo normal del juicio.
El proceso judicial tiene sus raíces en una investigación iniciada en septiembre de 2024 ante denuncias relacionadas con presuntas actividades ilícitas vinculadas con una adolescente durante el año 2015, período en que Morales ejercía como presidente del país. En este contexto judicial también se incluye a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima Cindy Sarai Vargas Pozo. La causa tomó un giro importante cuando el Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres declaró en enero de 2025 al exmandatario en rebeldía debido a su ausencia injustificada en una audiencia clave. Intentos legales realizados por su equipo jurídico para suspender o anular ese acto procesal fueron rechazados por el juez Nelson Rocabado.
Además, un dato relevante dentro del desarrollo del caso es la protección otorgada por parte de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de Argentina a Cindy Sarai Vargas Pozo y a su hija menor desde agosto de 2025. Este hecho refleja la dimensión internacional y humanitaria que ha adquirido este proceso judicial y subraya las medidas adoptadas para salvaguardar a quienes están involucrados como presuntas víctimas.
La reapertura pública del expresidente Morales tras un período prolongado sin apariciones se produjo luego de una convalecencia calificada por él mismo como “grave”. En esa oportunidad se autodefinió como un “perseguido político” y afirmó estar bajo protección por parte de sus seguidores, lo cual añade una dimensión política al caso judicial que podría influir tanto en el desarrollo del proceso como en la percepción social alrededor del mismo.
Concluida ya la etapa investigativa y formalizada la acusación junto con las pruebas correspondientes, este caso entra ahora en una fase decisiva donde se definirá no solo su situación jurídica sino también las implicaciones políticas y sociales derivadas del mismo. La expectativa gira en torno a cuándo el Tribunal Primero de Sentencia fijará fecha para iniciar el juicio oral contra Evo Morales, momento clave donde se confrontarán las evidencias presentadas por ambas partes y se determinará finalmente si existen responsabilidades penales o no sobre quien fuera presidente durante varios años. La población permanece atenta ante este proceso que involucra a una figura política central y cuyo desenlace tendrá repercusiones importantes tanto para el sistema judicial como para el escenario político nacional
