La Fiscalía Departamental de La Paz ha dado un nuevo paso en la investigación por el desfalco al Fondo Indígena al emitir una citación formal para que Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, se presente a declarar en calidad de sindicada. La convocatoria está programada para el próximo 11 de febrero, cuando Achacollo deberá acudir a las oficinas de la División de Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Fiscalía a las 14:00 horas, acompañada por su abogado. Este procedimiento forma parte del proceso penal que lleva adelante el Ministerio Público en contra de varias personas vinculadas con la malversación y manejo irregular de recursos públicos destinados a proyectos indígenas.
El caso que involucra a Achacollo se relaciona específicamente con irregularidades detectadas en la aprobación y administración del financiamiento para un proyecto agrícola enfocado en cultivos de tomate bajo carpas solares. Este programa estaba destinado a beneficiar a ocho comunidades ubicadas en la provincia Bautista Saavedra, del departamento de La Paz. La responsabilidad directa sobre la ejecución del proyecto recaía en Lida Patty, exdiputada y dirigente reconocida de las Mujeres Bartolina Sisa, quien ya se encuentra detenida acusada por no rendir cuentas sobre un depósito significativo que fue acreditado a su cuenta personal y por no cumplir con la entrega efectiva de las obras comprometidas.
En paralelo, Luis Arce Catacora, quien en ese momento ocupaba el cargo de ministro de Economía y formaba parte del directorio del Fondo Indígena, también está encarcelado bajo sospechas por haber autorizado los depósitos irregulares relacionados con este caso. La implicación de Achacollo se fundamenta en que, pese a ser parte del directorio y tener conocimiento sobre las denuncias e irregularidades que surgieron respecto a estos proyectos, habría faltado a varias reuniones clave donde se discutían estos asuntos. No obstante, firmó la aprobación final para los desembolsos, lo que según el fiscal Miguel Cardozo constituye una falta grave dentro del marco legal y administrativo.
Este proceso judicial representa el segundo caso abierto contra Nemesia Achacollo vinculado al Fondo Indígena. El primero involucra un conjunto mucho más amplio de irregularidades detectadas en 153 proyectos diferentes, según una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado. Por esta razón, Achacollo enfrenta una acusación formal junto con otras trece personas involucradas en estas anomalías financieras y administrativas. Se espera que próximamente este caso avance hacia una etapa judicial más profunda, donde se definirán responsabilidades legales precisas.
La citación para que Achacollo declare fue firmada por la comisión especial integrada por los fiscales Johan Muñoz, Miguel Cardozo y Omar Condori, quienes lideran las investigaciones relacionadas con el Fondo Indígena. Este equipo ha venido trabajando en esclarecer los mecanismos mediante los cuales se habrían cometido actos irregulares que derivaron en pérdidas millonarias para esta entidad estatal destinada al desarrollo rural e indígena.
La relevancia de este proceso radica no solo en la búsqueda de justicia frente a posibles actos de corrupción sino también en la necesidad urgente de garantizar transparencia y correcto manejo de recursos públicos destinados al fortalecimiento económico y social de comunidades indígenas vulnerables. Los hechos investigados afectan directamente a poblaciones originarias que dependen del apoyo estatal para mejorar sus condiciones productivas y calidad de vida, por lo que las autoridades deben establecer precedentes claros respecto al cumplimiento riguroso de normativas y responsabilidades administrativas.
En conclusión, la citación emitida contra Nemesia Achacollo refleja un avance significativo dentro del complejo entramado legal que rodea al Fondo Indígena. La convocatoria para su declaración permitirá recabar elementos adicionales para determinar su grado exacto de participación dentro del esquema irregular detectado. A partir del desarrollo del proceso judicial será posible dimensionar con mayor precisión las consecuencias legales para todos los involucrados y fortalecer los controles institucionales para evitar futuras desviaciones en proyectos públicos destinados a sectores prioritarios como el indígena rural
