Los fiscales Javier Gorena y Mario Durán ingresaron esta tarde al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para llevar a cabo un allanamiento en las oficinas donde laboraban cinco exmagistrados, en el marco del denominado ‘caso autoprorrogados’, impulsado por las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura.

Se informó que dos de los exmagistrados involucrados, Yván Espada y Karem Gallardo, presentaron su renuncia irrevocable a sus cargos, aunque sus funciones habían sido suspendidas desde la tarde del martes por decisión de dos salas constitucionales.

El fiscal Javier Gorena detalló que la diligencia consiste en un registro investigativo del lugar, con el apoyo del laboratorio de la Fiscalía y el investigador asignado al caso. Indicó que se cuenta con un requerimiento dirigido a la presidencia del TCP, que autorizó el ingreso a las dependencias para tomar contacto con el material relacionado.

Hace una semana, las magistradas Prudencio y Laura interpusieron una denuncia penal contra los cinco exmagistrados —Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo— por presuntos delitos de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres. La fiscalía admitió la denuncia y abrió una investigación formal.

Durante el allanamiento realizado este miércoles, el fiscal Gorena aclaró que no está previsto el secuestro de documentos o material, dado que la pesquisa se encuentra en una etapa preliminar.

Por su parte, la presidenta actual del TCP, Verónica Prudencio, señaló que los exmagistrados prácticamente no utilizaban sus oficinas, salvo para algunas reuniones internas, por lo que esos espacios permanecían sin uso.

El magistrado Ángel Dávalos Rojas indicó que las cinco oficinas serán clausuradas hasta que la fiscalía decida el destino de la documentación almacenada. Además, mencionó que el martes se intentó retirar dicha documentación, justo cuando dos salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz resolvieron cesar en sus funciones a los exmagistrados.

En el ámbito legislativo, representantes del oficialismo anticiparon que los exmagistrados no pueden ser sometidos a juicio de responsabilidades, dado que sus mandatos ya habrían concluido conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, señalaron que durante los últimos dos años sus acciones carecieron de privilegio constitucional, por lo que cualquier proceso judicial debe seguir la vía ordinaria