El expresidente Luis Arce enfrenta acusaciones por al menos cinco delitos relacionados con el manejo del Fondo Indígena, donde se estima un perjuicio económico al Estado que alcanza los 360 millones de bolivianos. Así lo informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, tras la detención de Arce.

Según Oviedo, en su etapa como ministro de Economía, Arce también presidía el Fondo Indígena, lo que le confería una responsabilidad directa sobre la administración de los recursos. Entre los cargos que se le imputan figuran favorecimiento al enriquecimiento ilícito, emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.

Las investigaciones revelan que Arce autorizó transferencias de fondos a cuentas personales, además de destinar recursos a proyectos inexistentes o que quedaron inconclusos. El ministro aseguró que las pesquisas continuarán para identificar a todos los responsables involucrados en este significativo daño económico.

La detención de Arce se produjo en la zona de Sopocachi, y fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras una denuncia presentada por representantes del Fondo de Desarrollo Indígena. En paralelo, la exministra María Nela Prada calificó la aprehensión como un “secuestro” y negó cualquier responsabilidad de Arce en este caso, señalando que en su gestión se presentaron los descargos correspondientes.

El perjuicio económico preliminar detectado en el Fondo Indígena asciende a 360 millones de bolivianos, cifra que podría incrementarse a medida que avancen las investigaciones. Oviedo destacó que, a diferencia de procesos anteriores, los responsables serán llevados ante la justicia y deberán responder por sus actos, incluyendo la devolución de los recursos que hayan sido desviados a cuentas particulares.

Este caso, que salió a la luz hace más de una década, involucra la transferencia de fondos públicos a dirigentes sociales que utilizaron el dinero para proyectos fraudulentos o inconclusos. Autoridades y denunciantes coinciden en que se debe profundizar la investigación para sancionar a todos los involucrados.

La aprehensión de Arce generó diversas reacciones en el ámbito político y social. El vicepresidente Edmand Lara celebró el hecho, recordando que durante la campaña electoral se comprometió a que Arce sería procesado por corrupción. Por su parte, legisladores y gobernadores de distintas tendencias políticas resaltaron la importancia de continuar con el proceso judicial para esclarecer completamente el caso.

Líderes cívicos también se pronunciaron, señalando que la corrupción en el Fondo Indígena representa uno de los episodios más oscuros de la administración pasada, y exigieron la captura de otros implicados, entre ellos el expresidente Evo Morales, a quien consideran una figura clave en estas irregularidades.

En resumen, la detención del expresidente Luis Arce por presuntos actos ilícitos en la gestión del Fondo Indígena marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción, con la promesa de que la justicia llegará a todos los responsables y que se recuperarán los recursos desviados