La Fiscalía Departamental de La Paz ha iniciado un segundo proceso penal contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, en medio de una creciente investigación por presuntos delitos financieros. El nuevo caso fue abierto de oficio el 4 de febrero y se centra en el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Aunque el documento oficial al que tuvo acceso EL DEBER no especifica los indicios que motivaron la apertura de esta nueva investigación, establece que Arce Mosqueira debe presentarse a declarar en calidad de sindicado el próximo 19 de febrero a las 11:00 horas. La fiscal encargada del caso es Ingrid Feraudi.
Este procedimiento judicial se suma a una investigación previa que ya pesa sobre el joven, quien actualmente se encuentra prófugo y con una notificación roja emitida por Interpol para su búsqueda y captura internacional. En el primer proceso, Rafael Arce Mosqueira fue imputado por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, una acusación que surge tras detectarse un aumento patrimonial considerable y poco justificado a su nombre.
Durante esa primera indagación se reveló que el joven, de apenas 26 años, posee un total de nueve propiedades inmobiliarias registradas a su nombre, además de vehículos catalogados como de lujo. Entre las adquisiciones más llamativas figura un penthouse valorado en medio millón de dólares ubicado en el exclusivo condominio Palmas II, situado en la zona Sur de la ciudad de La Paz. También se identificaron dos vehículos lujosos y la compra dentro del mismo condominio de dos parqueos por un monto aproximado de 36.000 dólares, así como dos bauleras adquiridas por un valor cercano a los 20.000 dólares.
La denuncia inicial fue presentada por Héctor Arce, exdiputado vinculado al ala evista, quien puso en evidencia estas irregularidades patrimoniales. Además del inmueble y vehículos mencionados, otro aspecto destacado por la investigación es la adquisición en diciembre del año pasado por parte del hijo del expresidente y su pareja –quien también debía declarar en relación con este caso– de ocho inmuebles adicionales ubicados en el departamento de Santa Cruz. Las autoridades buscan esclarecer la procedencia del dinero utilizado para estas compras millonarias.
El contexto general indica un patrón preocupante respecto a movimientos económicos significativos realizados sin explicaciones claras ni justificación legal aparente. El avance en estos procesos tiene implicaciones directas sobre la percepción pública acerca del manejo ético y legal del patrimonio familiar vinculada al expresidente Luis Arce, así como sobre la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de investigar posibles actos ilícitos.
El hecho de que Rafael Ernesto Arce Mosqueira se encuentre prófugo añade complejidad al desarrollo judicial y refleja las dificultades que enfrentan las autoridades para asegurar su comparecencia ante los tribunales. La emisión de una alerta roja por parte de Interpol subraya la gravedad con que se toma este caso y la intención oficial de capturar y juzgar al sindicado conforme a derecho.
En definitiva, estas investigaciones señalan un proceso judicial riguroso orientado a esclarecer posibles delitos vinculados con enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas dentro del círculo familiar del expresidente, lo cual genera gran expectativa e interés público debido al perfil político involucrado. El seguimiento puntual a estos casos será crucial para garantizar transparencia y justicia en uno de los procesos más mediáticos relacionados con figuras públicas recientes del país
