La investigación que lidera la fiscal Jessica Echeverría en el caso de violencia doméstica que involucra a Luis Marcelo Arce Mosqueira en Santa Cruz ha encontrado una serie de obstáculos. La funcionaria ha señalado la existencia de impedimentos, filtraciones de información y un palpable malestar por parte de ciertos elementos del Órgano Ejecutivo, lo cual, según sus declaraciones, dificulta el avance de las pesquisas.
A pesar de estas presiones, la fiscal ha manifestado su firme determinación de no ceder. Ha enfatizado que cualquier intento de influenciar o desviar su trabajo será infructuoso, declarando su disposición a asumir las consecuencias de cumplir con su deber, incluso si ello implica un costo personal, atribuyendo el descontento de algunos sectores ejecutivos a las acciones investigativas que ha emprendido, como los allanamientos.
Estas dificultades se hicieron particularmente evidentes durante una reciente diligencia de allanamiento en el departamento que Arce Mosqueira compartía con la víctima por aproximadamente un año. Durante la ejecución de esta medida, se intentó impedir el acceso de la fiscal y el personal policial al edificio, llegando incluso a modificarse la clave de la puerta del inmueble. No obstante, la operación logró su objetivo, obteniendo grabaciones de cámaras de seguridad (DVR) y facilitando la toma de declaraciones testificales a varias personas que fueron conducidas a dependencias policiales.
En cuanto a las divulgaciones no autorizadas de detalles de la investigación, la fiscal Echeverría ha sido categórica al afirmar que estas no provienen de su despacho. Se presume que la orden de aprehensión fue filtrada por individuos ajenos a la Fiscalía. Para contrarrestar esta situación y evitar futuras revelaciones prematuras, el equipo de investigación ha adoptado un régimen de trabajo intensivo y de máxima discreción. Esta metodología, según lo indicado, explica el carácter sorpresivo del allanamiento y la consecuente irritación que generó en ciertos círculos.
Asimismo, la fiscal ha expresado preocupación por la posible intimidación que enfrentan los agentes policiales al ejecutar sus funciones debido a estas filtraciones. Subrayó que la responsabilidad de llevar a cabo la orden de aprehensión recae en las cabezas de las instituciones involucradas, y no en el personal de menor rango, buscando así proteger a los oficiales de base.
La orden de aprehensión fue entregada a la Policía el sábado por la mañana. La fiscal ha recordado que, a partir de ese momento, existen únicamente dos caminos legales: la ejecución de la orden o la presentación voluntaria del sindicado. Ha ratificado su compromiso con la transparencia procesal, asegurando que no encubrirá acciones ni se prestará a manipulaciones
