La autoridad nacional ha informado que una juez de garantías constitucionales ha decidido anular la investigación debido a serias inconsistencias procesales.

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, ha emitido un comunicado en el que contradice las afirmaciones de la ex Fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez Salazar, a quien acusa de negligencia en la investigación relacionada con Evo Morales, específicamente en un caso de Trata y Tráfico de Personas.

Lanchipa sostiene que en ningún momento se dio la instrucción para detener el proceso. Aseguró que las órdenes de aprehensión emitidas por la comisión de fiscales no fueron anuladas por el Ministerio Público, sino que esta decisión fue tomada por una juez que actuó en el marco de una Acción de Libertad, quien determinó la nulidad de dichas órdenes tras identificar violaciones a los derechos fundamentales de los involucrados.

El Fiscal General subrayó que esta situación pone de manifiesto diversas irregularidades en la gestión del caso, lo que sugiere una falta de diligencia por parte de la ex Fiscal de Tarija. Según Lanchipa, la ex funcionaria tenía la responsabilidad legal de supervisar las investigaciones realizadas por los fiscales a su cargo, lo que es crucial para evitar errores procesales.

Lanchipa también señaló que su decisión de apartar a Gutiérrez Salazar de su cargo se basa en su idoneidad profesional y en otros aspectos de su gestión que son de conocimiento público, y no exclusivamente en la emisión del mandamiento de aprehensión.

El Fiscal General reafirmó que durante su gestión, el Ministerio Público ha actuado de manera efectiva y ética ante los distintos casos de relevancia nacional. Aclaró que no se pueden considerar irregularidades en las actuaciones del Ministerio Público, ya que se deben respetar los principios de objetividad, independientemente de la identidad del presunto infractor.

Asimismo, Lanchipa confirmó que se ha iniciado una investigación formal contra el ex Presidente, fundamentada en un informe de Inteligencia de la Policía, fechado el 25 de septiembre de 2024, en relación con la presunta comisión del delito de Trata y Tráfico de Personas.

El Ministerio Público, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, ha decidido iniciar un proceso penal contra el ex Mandatario, llevando a cabo los requerimientos necesarios para reunir las pruebas correspondientes. Dada la complejidad del caso, Lanchipa ha instruido la creación de una comisión de fiscales especializados, apoyada por personal de la Fiscalía que se ocupa de delitos de género, con el objetivo de fortalecer la investigación y garantizar el debido proceso, evitando la revictimización de las personas involucradas