El panorama político nacional experimenta un cambio significativo, con la fuerza política que ha dominado la Asamblea Legislativa Plurinacional durante casi dos décadas viendo su influencia reducirse. En este contexto de transición, dos proyectos de ley de crucial importancia se encuentran en un estado de aprobación incierto: el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2026 y la Ley Transitoria para la Selección, Elección y Designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La directiva de la Cámara de Diputados ha programado para la presente semana la discusión del proyecto de ley transitoria del TSE. No obstante, si no se logra el consenso mayoritario necesario, su ratificación podría aplazarse hasta la próxima legislatura. Este proyecto, que busca establecer el mecanismo para la designación de las autoridades del Órgano Electoral, figura como un punto relevante en la agenda semanal del cuerpo legislativo, cuya hora y fecha de tratamiento serán definidas por la mesa directiva.
Paralelamente, el gobierno central tiene previsto remitir el Presupuesto General del Estado reformulado para 2026 a la Asamblea Legislativa antes de que finalice el mes, cumpliendo con el mandato constitucional que establece el 31 de octubre como fecha límite para su presentación. Cabe recordar que el año anterior, la legislatura declinó la aprobación del PGE, y la medida fue finalmente implementada por decreto ejecutivo, con un presupuesto consolidado que representó un incremento sustancial respecto al periodo previo. Se ha indicado que algunos parlamentarios y candidatos consideran que el análisis del PGE 2026 debería ser abordado por los nuevos legisladores, dado que la administración entrante será la responsable de la gestión de estos recursos. Además, se anticipa una posible reducción del gasto público con el fin de mitigar el déficit fiscal.
Existe una clara divergencia de opiniones en torno a qué cuerpo legislativo debería asumir la responsabilidad de aprobar estas trascendentales normativas. Mientras que algunos legisladores del partido oficialista sostienen la necesidad de que los actuales representantes concluyan el tratamiento de estas leyes antes del término de su mandato, en cumplimiento de su deber con la ciudadanía, líderes de las bancadas de oposición argumentan que estas tareas prioritarias deberían ser asumidas por los nuevos legisladores.
Desde la perspectiva de la oposición, la próxima Asamblea, que iniciará sus funciones a principios de noviembre, debería encarar de inmediato tanto el Presupuesto General del Estado 2026 como la ley de convocatoria para las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Se subraya que esta aproximación garantizaría mayor legitimidad y coherencia con la administración entrante. Asimismo, se ha advertido sobre la posibilidad de que el partido mayoritario intente una última maniobra política, buscando cohesionar a sus diversas facciones para impulsar la aprobación de la norma electoral, utilizando su actual mayoría para influir en el proceso de selección de vocales.
Por su parte, otra representante de la oposición ha enfatizado que la actual gestión legislativa se encuentra en su fase final, por lo que es imperativo asegurar un proceso de selección de vocales transparente, competente y de alta calidad. Se espera que las fuerzas mayoritarias emergentes, percibidas como opositoras al modelo precedente, compartan una visión común para no dificultar el trabajo en beneficio de la población. La sugerencia de que el PGE 2026 sea analizado por la nueva legislatura también se basa en la premisa de que el nuevo ejecutivo será quien defina la administración de los recursos, previendo además una disminución del gasto público para evitar un déficit fiscal
