Un tribunal de sentencia ha resuelto la cesación de la detención preventiva para el activista Luis Fernando Handam, quien se encontraba involucrado en el caso conocido como ‘zuñigazo’. En su lugar, se le han impuesto medidas sustitutivas que incluyen una fianza económica de 10.000 bolivianos, la obligación de presentarse ante la Fiscalía de Santa Cruz cada quince días, arraigo y detención domiciliaria, esta última sin autorización para salidas laborales.

La defensa de Handam argumentó que, tras quince meses de estricto cumplimiento de la detención preventiva, esta medida había dejado de ser proporcional y necesaria. El activista de derechos humanos fue detenido en la madrugada del 7 de julio en Santa Cruz y posteriormente trasladado a La Paz. Veinticuatro horas después, en una audiencia cautelar, un juez de instrucción penal dictaminó su detención preventiva por un periodo inicial de seis meses, que luego fue extendido.

Actualmente, la detención domiciliaria debe cumplirse en la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, su representación legal ha manifestado la intención de solicitar una modificación de esta condición, con el fin de que Handam pueda ejercer sus actividades como defensor de derechos humanos, lo que requeriría un horario específico para sus labores.

Handam es uno de los veintisiete individuos, entre civiles y militares, acusados en relación con un intento de desestabilización que, según las autoridades, no prosperó. El incidente se limitó a la ocupación temporal de la Plaza Murillo, donde se registraron daños en la centenaria puerta principal del Palacio de Gobierno.

El proceso judicial se encuentra en la fase de preparación para el juicio oral. Se espera que en breve se convoque a las partes para la presentación de pruebas de descargo, momento en el que la defensa de Handam podrá iniciar formalmente su estrategia.

Cabe destacar que Handam era uno de los últimos acusados en este caso que permanecía bajo detención preventiva. Hasta la fecha, veintitrés de los implicados han logrado acceder a la detención domiciliaria. Los únicos que continúan en detención preventiva son el general Juan José Zúñiga, recluido en la cárcel de El Abra en Cochabamba, y el almirante Juan Arnez, quien guarda detención en San Pedro, La Paz