Antonio Sánchez de Lozada Bustamante, figura emblemática en la historia del control estatal durante la etapa democrática iniciada en 1982, falleció recientemente en Canadá. Su legado se encuentra profundamente arraigado en la transformación y modernización de la Contraloría General del Estado, institución que bajo su liderazgo experimentó un cambio radical que marcó un antes y un después en el manejo del control gubernamental.
Nombrado contralor el 1 de noviembre de 1982, solo semanas después de la llegada al poder del presidente Hernán Siles Zuazo, Sánchez de Lozada tuvo la responsabilidad de guiar a la Contraloría durante una década crucial para el país. Su gestión no solo abarcó el mandato de Siles Zuazo, sino que también se extendió a los gobiernos democráticos posteriores de Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora. Esta continuidad institucional fue fundamental para asentar las bases de un sistema sólido y autónomo en medio de un contexto político y económico caracterizado por profundas transformaciones estructurales.
Uno de los hitos más significativos durante su administración fue la promulgación del Decreto Supremo 22165, aprobado el 5 de abril de 1989. Este decreto institucionalizó a la Contraloría como el órgano rector del sistema nacional de control gubernamental, otorgándole autonomía plena para ejercer sus funciones. A partir de esta reforma, el control estatal se organizó en dos pilares fundamentales: el control interno, encargado de supervisar y prevenir irregularidades dentro de las instituciones públicas; y el control externo posterior, que se realiza mediante auditorías y evaluaciones independientes. Esta dualidad permitió establecer mecanismos más eficientes para la fiscalización del uso de recursos públicos.
Además, esta reforma redefinió la arquitectura administrativa del sector público al crear órganos rectores con facultades normativas específicas sobre diversas áreas clave como programación operativa, gestión presupuestaria, administración del personal, manejo de bienes y servicios, tesorería pública, crédito público y contabilidad. De esta manera, se sentaron las bases para una gestión pública más coordinada y transparente.
Otro momento crucial en su paso por la Contraloría fue la implementación de la Ley 1178, conocida popularmente como Ley Safco (Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamentales), promulgada el 20 de julio de 1990. Esta legislación representó una reorganización integral del sistema público al regular los procesos administrativos y los mecanismos de control sobre los recursos estatales. La Ley Safco estableció responsabilidades claras para los servidores públicos e introdujo procedimientos destinados a garantizar un uso eficiente y transparente del patrimonio público. Durante su gestión, Sánchez de Lozada fue responsable también por reglamentar las atribuciones contenidas en esta ley y consolidar un marco normativo que aún sigue vigente.
En cuanto a las competencias específicas que le fueron asignadas a la Contraloría bajo su dirección se encuentran la emisión de normas básicas tanto para el control interno como externo; supervisión rigurosa sobre las auditorías realizadas; evaluación constante sobre los sistemas internos; así como programas sistemáticos para capacitar a los servidores públicos en materia administrativa y financiera.
La administración liderada por Sánchez de Lozada no estuvo exenta de controversias ni desafíos internos. En línea con las políticas estatales orientadas a reducir el tamaño del aparato público –conocida como “achicar el Estado”– se llevó adelante una reducción aproximada del 50% del personal dentro mismo de la Contraloría General. Este proceso provocó una fuerte resistencia sindical que incluso llegó a paralizar las actividades institucionales por más dos meses consecutivos debido a protestas y huelgas. Sin embargo, pese a estas tensiones sociales internas, dicha reorganización fue clave para optimizar recursos y profesionalizar el trabajo institucional.
Más allá del ámbito contralor, Antonio Sánchez de Lozada Bustamante tuvo una carrera política destacada: fue senador e incluso ocupó el cargo ministerial en Finanzas durante el gobierno militar dirigido por Alfredo Ovando Candía. Esta experiencia política complementó su perfil técnico-administrativo aportando una visión integral sobre las finanzas públicas y gestión estatal.
En definitiva, su legado perdura como un punto crucial que definió el modelo actual que rige la administración pública boliviana en materia financiera y fiscalización desde hace más cuatro décadas. La transformación impulsada bajo su liderazgo fortaleció los mecanismos institucionales necesarios para garantizar mayor transparencia y eficiencia en el uso del erario público –un aspecto fundamental para cualquier democracia consolidada– dejando una huella imborrable en la historia institucional del país
