En una sesión de apelación celebrada ayer por la tarde en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la autoridad judicial determinó revocar la detención domiciliaria que beneficiaba a la exvocal Claudia Castro, una de las principales implicadas en el caso Consorcio.

La decisión se fundamentó en una revisión pormenorizada de la resolución emitida previamente por el Juzgado N° 17 Anticorrupción, a cargo de la jueza Edith Tórrez, que había concedido la medida sustitutiva a Castro. Según lo evaluado, la resolución original carecía de una justificación adecuada.

Desde la representación fiscal, se confirmó que uno de los argumentos clave para esta determinación fue la inconsistencia detectada en el certificado médico presentado por la exvocal. Dicho documento pretendía acreditar una condición de salud que, supuestamente, ponía en riesgo su vida en caso de encarcelamiento.

Por su parte, la defensa de Castro, a cargo del abogado Marco Mostajo, afirmó que su cliente padece de epilepsia y que el centro penitenciario de Obrajes, ubicado en la zona Sur de La Paz, carece tanto del personal médico especializado como de las instalaciones idóneas para el tratamiento de sus síntomas.

El defensor también señaló que el fiscal del caso, Fernando Espinoza, esgrimió como argumento adicional para la revocación de la detención domiciliaria, que Castro cumplía con custodia policial, el reciente deceso del exjuez Lea Plaza. Sin embargo, para la defensa, este hecho no debía ser valorado en la audiencia, ya que la exvocal no tendría responsabilidad alguna en lo sucedido.

Mostajo calificó la situación como una confabulación contra su defendida, reiterando la inocencia de Castro y asegurando que no tuvo injerencia en la elaboración de la resolución de una acción de cumplimiento, emitida por Lea Plaza, la cual buscaba la remoción de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, quien figura como víctima en el caso Consorcio.

Tras la audiencia de apelación, que se extendió aproximadamente desde las 14:00 hasta las 17:30, un vehículo policial se estacionó frente al domicilio de Castro, una acción interpretada por su abogado como un acto de presión, considerando el estado de salud de su cliente y la existencia de un custodio permanente.

La revocatoria de la detención domiciliaria de Claudia Castro se produce dos días después del fallecimiento del exjuez de Coroico, Marcelo Lea Plaza. La Fiscalía y la abogada Suleika Lanza han iniciado una investigación sobre el suceso, catalogándolo como un posible suicidio instigado, presuntamente, por los imputados en el caso Consorcio. A pesar de encontrarse bajo detención domiciliaria, horas antes de su deceso, Lea Plaza ingirió bebidas alcohólicas en el barrio alteño de Villa Adela hasta las 2:30 de la madrugada del domingo; la identidad de las personas con las que estuvo reunido aún no ha sido establecida. La Policía recabó en el lugar del fallecimiento cuadernos, teléfonos celulares y otros documentos que podrían contribuir a la identificación de los presuntos inductores del suicidio, según explicaciones previas del fiscal coordinador de la Unidad de Delitos contra la Vida, Favio Maldonado.

Entre los investigados en el caso Consorcio se encuentran Antonio de la Fuente, conocido como testigo clave del caso Golpe I y II; el exministro de Justicia, César Siles; el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Campero; el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdoba; así como los vocales Édgar Ordoñez y Erika Valdez