Un prominente profesional del derecho, cuya trayectoria incluye la Secretaría de Justicia y la dirección del Servicio Jurídico Departamental en la Gobernación de Santa Cruz, además de responsabilidades en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), se postula al Senado. Su motivación para incursionar en la política radica en un interés constante por contribuir al cambio que el país demanda, viendo en esta candidatura una oportunidad decisiva para aportar desde una posición de responsabilidad nacional.
En cuanto a la configuración de la próxima legislatura, las proyecciones sugieren un posible escenario donde los cuatro senadores por Santa Cruz provengan de fuerzas opositoras, lo que indicaría un retroceso en la influencia del partido gobernante. Dada la significativa convergencia ideológica entre las alianzas Unidad y Libre, existe la expectativa de que el Senado se convierta en un espacio propicio para la construcción de consensos esenciales que permitan el avance de la agenda nacional.
Desde su futura posición en el Senado, el enfoque principal sería impulsar proyectos regionales que aborden la histórica postergación de Santa Cruz. Iniciativas clave como la hidrovía Paraguay-Paraná y otras obras de infraestructura son consideradas fundamentales para transformar propuestas en realidades económicas tangibles. El objetivo es atraer inversión, generar empleo y catalizar el desarrollo mediante reformas normativas que faciliten la viabilidad de estos proyectos.
Respecto al elevado déficit fiscal, que podría cerrar el año en un 15%, se le califica como una situación de emergencia que no admite una solución única. Entre los factores que contribuyen a esta problemática se mencionan la subvención a los combustibles y el tamaño desproporcionado del aparato estatal. Si bien el recurso a financiamiento externo podría ser necesario, se subraya que debe ir acompañado de reformas estructurales profundas. El plan económico propuesto por Samuel Doria Medina contempla acciones específicas para los primeros cien días de gestión, orientadas a estabilizar la situación y comenzar el proceso de recuperación del equilibrio fiscal.
Se aclara que el déficit no será eliminado en el plazo de cien días. El propósito en ese periodo inicial es estabilizar y poner en orden la crítica situación económica heredada. La reducción del déficit será un proceso gradual y sostenido, y uno de sus pilares será la eliminación progresiva de la subvención a los combustibles.
La estrategia para eliminar dicha subvención se plantea de forma escalonada, evitando un impacto abrupto que sectores como el transporte público o la agroindustria no podrían soportar. Se propone establecer mesas de diálogo con cada sector involucrado para diseñar una salida responsable y controlada, buscando prevenir la aparición de mercados negros y asegurando una fiscalización transparente del uso del combustible.
En el corto plazo, se considera prioritario mantener la subvención para sectores como el transporte público, la agroindustria y, posiblemente, la minería. Cualquier decisión al respecto se basaría en un análisis técnico riguroso de la composición de la matriz energética de cada sector, actuando con racionalidad.
En cuanto a la estrategia para mejorar la intención de voto de Samuel Doria Medina en Santa Cruz, se destaca que la diferencia con el primer lugar es mínima, de apenas 0.3%. La campaña ha experimentado una mejora notable gracias al trabajo territorial del candidato, quien ha visitado provincias y distritos, estableciendo un contacto directo con la ciudadanía. Su carisma personal, empatía y estilo político directo son factores que generan conexión con el electorado. Se anticipa que, a medida que más personas lo conozcan, la diferencia en las encuestas se revertirá.
Sobre el respaldo de Luis Fernando Camacho, se reconoce que el camachismo es un fenómeno político distinto, con un fuerte arraigo en las bases populares. Se enfatiza que no basta con el apoyo de la figura de Camacho; es fundamental conquistar a su base de votantes, quienes valoran la cercanía y la coherencia. El estilo de Samuel Doria Medina, caracterizado por su contacto directo con la gente, se considera un elemento favorable en este aspecto.
Abordando el sistema judicial, el diagnóstico actual lo describe como un poder cooptado por el Ejecutivo. No obstante, la reciente elección de Romer Saucedo, con una votación cercana a los 700,000 sufragios, se percibe como un rayo de esperanza. Se sostiene que su compromiso con la independencia judicial debe ser respaldado por todos los actores. La labor desde el Senado incluiría fiscalizar, denunciar a los operadores corruptos y apoyar a quienes buscan una justicia imparcial y profesional.
Respecto a la propuesta de eliminar el Tribunal Constitucional, se expresa una discrepancia. Se considera que la institución posee un valor intrínseco; lo que requiere un cambio son los individuos que la integran. Se aboga por que el Tribunal Constitucional esté compuesto por los juristas más destacados, seleccionados mediante procesos meritocráticos. El objetivo, por tanto, no es suprimir la institución, sino revitalizarla.
Finalmente, para asegurar que el Presupuesto General del Estado (PGE) deje de aprobarse por decreto, la primera acción sería sincerar la situación económica del país. El presupuesto actual, de 46 mil millones de dólares, es considerado insostenible. El esfuerzo se centrará en construir un presupuesto realista y garantizar que su aprobación retorne a los cauces legislativos apropiados
